En defensa de la cultura andaluza en el sistema educativo. Documento de trabajo del SAT-Educación

Logo SAT Educación

Primer documento de trabajo del SAT-Educación/Granada:

Los profesores y profesoras andaluces de conciencia, consideramos nuestra cultura como una forma de ver la vida y de vivirla, fruto de un proceso histórico en el que el pueblo andaluz, ha desarrollado su vida, adaptándose y adaptando el medio natural andaluz a sus necesidades. Una suma de factores que hacen posible la convivencia, una creencia en los valores humanos, un modo de comportarse; los andaluces somos un pueblo culturalmente diferenciado…

Pincha aquí para ver el documento completo en PDF.

 

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CONFIRMA LA DISCRIMINACIÓN EN EL CASO DEL COLEGIO MARÍA NEBRERA

Logo-SAT-Educacion

A raíz de la denuncia que en su día presentó el Sindicato Andaluz de Trabajadores ante la Inspección de Trabajo, ésta ha emitido un informe que concluye con la proposición de una sanción al Colegio María Nebrera por entender que su proceso de selección de personal se ha realizado en términos discriminatorios para el acceso al empleo de los aspirantes por motivos de condición social.

El informe, fruto de la denuncia que el Sindicato Andaluz de Trabajadores realizó el pasado 28 de diciembre ante la inspección de trabajo de este proceso de selección que pedía 190 € por “estudiar el currículum”, declara que la empresa ha pretendido filtrar su oferta de trabajo con la intención de que a este proceso de selección sólo puedan acceder aquell@s trabajadores/as que dispongan de un determinado nivel de rentas, no quedando garantizada la igualdad de oportunidades.

La Inspección de Trabajo ha propuesto la imposición de una sanción, por la comisión de una infracción MUY GRAVE: la exigencia del “impuesto patronal” que quería cobrar el colegio María Nebrera.

 Sindicato Andaluz de Trabajadores- Granada. Sector de Educación.

Teléfono: 634 549 453.

Los 500 jornaleros imputados

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/19/andalucia/1358601253_812179.html

La cifra en frío, 500 imputados, hace pensar que los afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) pierden las formas en sus protestas y terminan siempre en los calabozos Por eso, cuando Diego Cañamero (Campillos, Málaga; 1956), secretario general de la formación, cita a Gandhi —“Nuestra lucha es pacífica, pero activa”— las piezas no encajan. “A veces recibimos palos, pero nunca nos hemos rebelado. Lo que pasa es que alteramos la comodidad de los políticos”, considera Cañamero. Desde su creación, en 1975, como Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y desde 2007 como SAT, ha pagado más de 150.000 euros en multas por sus actos de protesta y aseguran que tienen pendientes otros 400.000 euros.

La agenda de Cañamero está repleta desde el verano. En plena ola de calor, su formación protagonizó una batería de protestas con ayuda de su rostro más popular: el diputado autonómico por IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. El asalto simbólico a dos supermercados de Cádiz y Sevilla para expropiar productos de primera necesidad, cruzó fronteras. “Queríamos alertar de que el hambre está llamando a muchas puertas”, rememora Cañamero, que lamenta el empujón a una de las cajeras.

El sindicato okupa la antigua sede de la delegación de Trabajo de Sevilla

Llegaron periodistas de Japón, Ucrania, la televisión Al Jazeera…”, relata Javier García, responsable de prensa de la organización jornalera. “Somos una formación que pelea y no se casa con nadie, hemos ganado nuestra imagen a pulso”, añade García. El SAT se financia exclusivamente de las cuotas de sus afiliados —20.000 según sus propios cálculos— y de actos públicos como los “conciertos contra la represión”, en los que artistas que simpatizan con su causa tocan gratis. La sede principal de este sindicato es la antigua Delegación de Trabajo de la Junta en Sevilla, okupada junto a otras organizaciones sociales. La entrada está decorada con fotografías de cargas policiales en el campo y sus consecuencias en forma de hematomas y lesiones. En un lugar destacado hay una imagen del cura obrero Diamantino García Acosta, uno de los referentes del sindicalismo jornalero.

Desde que comenzaron a sacar a la luz las injusticias del campo andaluz utilizan las mismas formas de protesta: huelgas de hambre, ocupaciones de fincas, marchas… Sus acciones están muy medidas. Llegan, lanzan su mensaje —muchas veces ayudados por el Papamóvil, una furgoneta equipada con un altavoz de 4.000 vatios— y se van. Entre sus hitos destacan la oposición al nombramiento como hija predilecta de Andalucía de la Duquesa de Alba en 2006. “No tenemos nada personal contra ella, sólo queríamos entregar un listado de personas que realmente merecían ese honor. Nos pegaron, juzgaron y, como no, resultamos condenados”, resumen.

Cañamero se ha declarado insumiso judicial y cuando le detienen se queda mudo

Son tantas las imputaciones que acumula el secretario general del SAT que se ha declarado insumiso judicial. “Estoy en busca y captura porque no acudo a las citaciones, ni declaro. Cuando me detienen me vuelvo mudo y no saben qué hacer conmigo”, relata Cañamero. “No es una chulería, es un acto de protesta contra una injusticia”, precisa. En el sindicato se quejan de que los jueces no consideren sus pruebas, testigos o a sus abogados. El veredicto siempre es el mismo: culpables. “Han denunciado a afiliados que no habían asistido a protestas porque ese día estaban trabajando”, aseguran.

Para salvar la economía andaluza, el SAT propone que los bancos sean de propiedad pública, que se cree financiación para transformar productos agrarios como algodón, naranjas o pipas en la región, o que las fincas públicas se gestionen con cooperativas, entre otras medidas.

Su militancia ha crecido “de forma exponencial” en los últimos meses. La cuenta de Facebook de Cañamero considera que tiene demasiadas solicitudes de amistad. “No hacemos campañas. Vienen en busca nuestra. Aquí quien se suma, sabe que hay poco pan, lo que hay son tortas”, bromean.

La denuncia del SAT da sus frutos. La junta abre expediente al colegio María Nebrera.

http://www.ideal.es/granada/20130101/local/granada/junta-abre-expediente-colegio-201301011600.html

La Junta abre un expediente al colegio María Nebrera de Granada por cobrar 190 euros a los aspirantes a un trabajo
La delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta estudiará la legalidad de los términos del anuncio del centro educativo

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo para dilucidar la legalidad de las actuaciones de un centro educativo privado que cobraba 190 euros a cada aspirante a un puesto de trabajo por participar en el proceso de selección.
La delegación granadina de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha explicado en un comunicado que estudiará la legalidad de los términos del anuncio del centro educativo privado María Nebrera.
Este centro estableció como condición para poder participar en un proceso de selección de personal para cubrir diferentes puestos de docentes el pago por cada aspirante de 190 euros.
“Siendo verdad que una empresa puede encargar el proceso de selección a quien considere oportuno, no es menos cierto que la empresa no puede establecer criterios económicos discriminatorios para el acceso”, ha apuntado el delegado granadino de Empleo, José Antonio Aparicio.
El delegado ha ordenado la apertura del expediente informativo para esclarecer la legalidad de las actuaciones, tanto por la empresa privada de la empresa promotora del colegio como de la entidad seleccionadora.
El delegado provincial se ha comprometido a actuar tal y como marquen los resultados de la investigación, incluyendo si es necesaria una actuación judicial si se dedujeran indicios delictivos.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la asociación de consumidores Facua denunciaron ante la Inspección de Trabajo y la secretaría general de Consumo de la Junta el proceso de selección de personal abierto por el colegio privado María Nebrera Ruiz.
Con este proceso de selección, el centro pretende cubrir 90 puestos de maestros de Educación Infantil y Primaria, profesores de Secundaria, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional Grado Medio y Grado Superior, así como los del gabinete psicopedagógico, servicios administrativos y demás personal de mantenimiento y gestión de este complejo formativo de titularidad privada.
Con independencia de este expediente, Aparicio ha calificado de “inusitado” que la empresa inicie la selección de su personal sin haber puesto un solo ladrillo en el centro de trabajo, y que se imponga a los participantes el abono de una cantidad.
“A todas luces, una cuantía discriminatoria y abusiva, por su sola participación”, ha subrayado Aparicio.