Taller de formación sindical y laboral: Carrera investigadora y vías posdoctorales de acceso a la investigación académica

Taller de formación sindical y laboral: Carrera investigadora y vías posdoctorales de acceso a la investigación académica

Taller de formación sindical y laboral-6(1)

 

El próximo día jueves 25 de Junio a las 18:00 desarrollaremos un taller informativo sobre los contratos posdoctorales y las vías de acceso a la investigación posdoctoral tanto para las Universidades del Estado español como del contexto internacional. Los contenidos se desarrollarán en torno a consejos para el cierre de la tesis, acreditación en la agenda estatal, contrato posdoctoral Juan de la Cierva, Contrato Marie Curie, contratos posdoctorales en el contexto europeo y contratos posdoctorales en América Latina.

El enlace para la participación se distribuirá a partir de las 17:00 de la tarde del día jueves 25 en:
Facebook SAT Granada, Twiter SAT PDI,  @InvConDerechos, Grupo de Telegram y Facebook Descolonizar Andalucía

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital ( https://satgranada.wordpress.com/ingreso-minimo-vital-guia/ ). El Gobierno ha aprobado esta medida en el Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo, una iniciativa que se anunciaba como algo que pondría coto a las situaciones de “pobreza extrema en España” y que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que el 30% son menores de edad. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

 

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

La idea es que, con la medida, se asegure a todos los hogares una renta mínima que de media llegue a los 10.070 euros. En este sentido, la expectativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que el IMV medio anual que permita llegar a esa cantidad sea de 4.400 euros.

De esta manera, el IMV complementará las rentas de cualquier tipo que tenga un hogar hasta determinado umbral de ingresos, que dependerá del número de miembros y de la tipología de dicho hogar. En cualquier caso, estas rentas que saldrán de la aplicación del subsido, son bastante magras y difícilmente pueden ayudar a una familia a vivr dignamente en las zonas urbanas con precios de alquileres, servicos, etc, absolutamente disparatados e inaccesibles.

Cuantías por hogar

El Gobierno ha identificado hasta 14 tipos de hogares, cada uno con su propio umbral de ingresos mínimo. El umbral más bajo que se tendrá que asegurar, que es el corresponde a un solo adulto, es de unos 5.538 euros anuales, unos 460 euros al mes. Mientras, el máximo que se podrá percibir a través de esta prestación será lo correspondiente a hogares con cuatro adultos y un niño, con 12.184 euros, unos 1.015 al mes.

Al ser un nuevo derecho subjetivo, podrán ser titulares de la prestación todas las personas de entre 23 y 65 años (a partir de 18 si se tienen hijos) con un año o más de residencia legal y efectiva en España. Además, tienen que demostrar su vulnerabilidad: sus rentas de 2019 tienen que ser inferiores a los que garantiza el IMV, aunque en determinados casos se podrá recurrir a las de 2020. https://www.epdata.es/embed/8e15ef9f-bbc1-495d-bd78-24cb10af0552/450

En cualquier caso, en este cómputo no se tendrá en cuenta las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que irán aparte. En este sentido, se entiende que el IMV fijará un “suelo común para los hogares” que cumplan los requisitos y las regiones podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.

Los hogares receptores también se tendrán que someter a un test de patrimonio en el que no se incluye la vivienda habitual. Eso sí, el patrimonio de una familia tendrá que ser inferior al triple de la renta que le garantice el IMC para poder recibir la prestación.

De esta manera, para la prestación más baja el patrimonio neto no podrá superar los 16.614 euros, mientras que en el caso de la prestación más alta tendrá que ser inferior a los 43.100 euros.

Solicitud

Durante el mes de junio, la Seguridad Social actuará de oficio y se estima que otorgará a 100.000 hogares sin que tengan que pedirlo. Las solicitudes se comenzarán a tramitar a partir del 15 de junio, con efectos retroactivos desde el 1 de junio, una condición que se mantendrá hasta mediados de septiembre.

Esta solicitudes se podrán hacer sin necesidad de acudir a centros físicos de las Administraciones Públicas. Se podrá tramitar a través de la web de la Seguridad Social o enviando la documentación  por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 para informar a los interesados, que contarán con un asistente virtual y un simulador en la citada web.Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

En cualquier caso, la Seguridad Social cuenta con que el IMV se gestione también a través de ayuntamientos, una vez se firmen convenios previstos.

Obligaciones

El IMV también comporta ciertas obligaciones para los beneficiados. Si no tienen empleo, se deberán inscribir como demandantes de empleo.

Con todo, cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación para incentivar la búsqueda de empleo. De esta manera, el Gobierno quiere evitar lo que los especialistas llaman la trampa de la pobreza: aceptar un empleo o tener prestación. 

En el caso de los hogares que trabajan, el objetivo de las políticas que acompañan al IMV es aumentar el número de horas trabajadas y que pasen a empleos mejor remunerados. Igual que en el caso anterior, solo habrá una ‘pérdida’ parcial de IMV para los beneficiarios si mejorar su situación laboral. De esta manera, “por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior”.

Para que esta estrategia de incentivos a la búsqueda del empleo tenga éxito, se quiere contar con el sector privado al que se le ofrecerá incentivos a la contratación de beneficiarios de la prestación y la creación de un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV.

La expectativa del Gobierno es que el impacto presupuestario anual del IMV sea de unos 3.000 millones de euros, si se cumple el objetivo de llegar a los 850.000 hogares.

Por otro lado, cabe recordar que aunque la gestión del IMV va a ser cosa de la Seguridad Social, hay una excepción: País Vasco y Navarra. Las comunidades  forales autogestionarán su propia prestación y sus umbrales debido a las especificidades fiscales y tributarias de las comunidades forales, según ha explicado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

Nuestro compañero Javi Cuesta que, junto a su familia, ha sufrido una agresión fascista con el allanamiento de su casa.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos denunciar:

1-Denunciar las agresiones fascistas como las que ha sufrido el compañero Javi Cuesta en su casa o un sindicalista de la UGT en Malaga, a lo que se suma que en la manifestación permitida a VOX se hizo apología del fascismo, se profieren gritos homófobos y en algunas de estas se agredió a periodistas.

En Granada esta impunidad no es nueva desde el SAT y más de 20 colectivos sociales solicitamos a la subdelegada de Gobierno hace más de seis meses información sobre qué medidas se habían tomado contra los grupos de ultraderecha que atacaron la mezquita de Granada o se contramanifestaron contra un acto convocado por movimientos sociales a favor del derecho a decidir sin tener a día de hoy respuesta de la misma, también se le solicito información sobre porque a nuestro sindicato y diferentes movimientos sociales como Stop Desahucios habían sido multados por hacer concentraciones de menos de 20 personas sin contar tampoco respuesta por parte de la subdelegada M. Inmaculada López Calahorro

2-La prohibición desde la subdelegación de gobierno de movilizaciones como las que realizábamos los viernes por la readmisión de nuestra compañera Vanesa donde éramos menos de 20 personas y podíamos cumplir las medidas de seguridad, mientras se ha permitido concentraciones ilegales de la ultraderecha en Puerta Real que no cumplía ni la comunicación a la subdelegación de gobierno ni las medidas de seguridad indicadas por los expertos.

3-Denunciar los abusos policiales durante la pandemia.

Nos consta a este sindicato de actuaciones policiales que se han saltado la ley alguna de ellas han sido grabadas en video como las cargas a chavales que llevaban carteles contra la manifestación de la ultraderecha el sábado o las identificaciones y multas a un grupo de personas que protesto contra la concentración ilegal que se produce todos los días en Puerta Real.

Ante este panorama hacemos un llamamiento a las personas que han sufrido abusos policiales o amenazas de la extrema derecha a organizarse y denunciar. Llamamos también a la dimisión de la subdelegada del gobierno M. Inmaculada López Calahorro por su persecución a los movimientos sociales y su permisividad ante los grupos de ultraderecha y los abusos policiales.

SAT Granada.

Unión Territorial.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.

Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.

Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?

Pundefinedorque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.

Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.

Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.

Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.

Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.

Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…

Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.

Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.

Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo

Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.

Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.

No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.

En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.

La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.

Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.

En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,

PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).


PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).




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Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

Los pasados días 8 y 9 de mayo, el alcalde de Fuente Vaqueros José Manuel Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

El martes 12 de mayo, agentes de la Policía Municipal y la Guardia Civil protagonizaron un nuevo intento de desahucio ilegal en Atarfe.

Para exigir el respeto a los derechos humanos básicos como son el derecho a una vivienda y a unos suministros básicos que la hagan habitable, así como para defender la legalidad vigente respecto y la moratoria de desahucios que se encuentra en vigor y que fue prorrogada con fecha 11 de marzo se publica en el BOE por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que amplía el plazo y la casuística para poder acogerse a la moratoria, modificando la Ley 1/2013 y la prohibición expresa de lanzamientos durante el periodo de Estado de Alarma en el que estamos inmersos en la actualidad, diversos sindicatos, partidos políticos y asociaciones hemos redactado el presente escrito que os adjuntamos.

Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

Todo esto lo ponemos en conocimiento de la opinión pública para que sea trasladado a los granadinos y granadinas y, de la misma manera, hacemos saber que el lunes 18 de mayo solicitaremos una reunión formal con la Subdelegada del Gobierno en Granada en la que hacerle llegar nuestra preocupación y determinación en que se acabe con estos abusos que se están produciendo.

STOP Desahucios

CONTRA LAS PRÁCTICAS ILEGALES Y MAFIOSAS DE JOSÉ MOLINO ALBERTO, ALCALDE DE FUENTE VAQUEROS.

Las organizaciones, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y partidos políticos abajo firmantes queremos manifestar nuestra absoluta condena y desaprobación a los hechos acontecidos el pasado 8 de mayo en la localidad de Fuente Vaqueros y los cuales fueron protagonizados por José Manuel Molino Alberto, alcalde de la localidad.

1º.- El pasado 8 de mayo, el alcalde Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

2º.- Para tal efecto movilizó a la Policía Municipal que amenazó y amedrentó a la familia que ocupaba la vivienda y al grupo de compañeros solidarios que los apoyaba.

3º.- Tras constatar el alcalde y su cuerpo armado que la familia no deponía su actitud, intentó obligar a los operarios municipales a que tapiaran la vivienda con sus habitantes dentro, extremo que fue rechazado por los trabajadores del ayuntamiento que se negaron a hacerlo.

4º.- Finalmente, por orden del alcalde se procedió a cortar el suministro de agua y luz de la vivienda para dejar a sus moradores sin suministros básicos.

5º.- Todas estas cacicadas fueron ejecutadas por el alcalde Molino Alberto sin que existiera orden judicial alguna y durante un periodo en que están paralizados y afectados por una moratoria los desahucios.

6º,. El alcalde Molino ha denunciado a varios de los participantes en el atropello cometido el pasado 8 de mayo.

Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

Es por ello que reprobamos las actuaciones llevadas a cabo por José Manuel Molina Alberto, que cese en sus actuaciones ilegales y exigimos su dimisión.

Granada a 17 de mayo 2020.

Los firmantes:

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores (SAT).

USTEA. Enseñanza Granada.

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR)

Defender Granada (DG)

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Granada Abierta.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH – STOP Desahucios 15M.

Unión Sindical Estudiantil (USE)

Anticapitalistas

Jaleo!

Nación Andaluza (NA)

Otro pacto social en plena crisis: “el acuerdo social en defensa del empleo”.

Otro pacto social en plena crisis: “el acuerdo social en defensa del empleo”.

 

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Estas son las verdaderas medidas para la protección del empleo.

El Gobierno la Patronal y las gestorías sindicales CCOO y UGT,  han suscrito en el Palacio de La Moncloa el  ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO, que consiste en un conjunto de medidas que dicen ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya apuntada en los anteriores Reales Decretos aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19. El nuevo Acuerdo, que entra en vigor al ser refrendado por el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor.

Así, se vuelven a ofrecer prebendas y ayudas para que las empresas  puedan recuperar  su actividad ” a la carta” y para que las mismas puedan proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Para ello, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total o parcial , en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al Servicio Público de Empleo (SEPE) las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

 

Mantenimiento del empleo

El Acuerdo incluye, además, la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo BOE-A-2020-3824, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Pero es importante hay que destacar la medida de maquillaje social  que prohíbe que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.

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La mayor parte y el mayor monto económico de las ayudas desde el comienzo de la crisis ha primado subvencionar a las empresas sin asegurar un futuro real del empleo.

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores, medida que vuelve a “socializar” el esfuerzo de la Crisis, cargando su coste en los bolsillos de la mayoría social: la Clase Trabajadora.

  • Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE.
  • Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020).
  • En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
  • Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

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Los manijeros del Pacto.

El Acuerdo Social contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

El nuevo Pacto Social

La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Esta medida vuelve a transitar el conocido camino del pacto o concertación social, mediante la cual los sindicatos apesebrados, la Patronal y el gobierno decidirán en cada momento qué es mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Papel principalmente vergonzoso en estos pactos sociales lo protagonizan CCOO y UGT que venden al mejor postor los derechos de los trabajadores a cambio de ser legitimados y de asegurar su supervivencia económica a cambio de suculentas subvenciones por parte del Estado.

El gobierno y la patronal necesitan la coartada de disponer con el apoyo de los trabajadores y para ello echan mano de sus “interlocutores válidos” (CCOO y UGT) a los que hace lustros domesticaron ( y se dejaron domesticar) a base de subvenciones, dineritos y acceder a la complicidad del Estado con sus comportamientos.

Mediante los pactos sociales se niega y anula la negociación colectiva real para convertirla en una negociación colectiva virtual en la que no priman los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino lo que dispongan los burócratas sindicales que hace años que no han pegado un palo al agua e ignoran cuál es la realidad del mundo del trabajo.

Enlace hacia ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

Real Decreto Ley 18 2020 de 12 de mayo

Otro pacto social en plena crisis: “el acuerdo social en defensa del empleo”.

Otro pacto social en plena crisis: “el acuerdo social en defensa del empleo”.

 

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Estas son las verdaderas medidas para la protección del empleo.

El Gobierno la Patronal y las gestorías sindicales CCOO y UGT,  han suscrito en el Palacio de La Moncloa el  ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO, que consiste en un conjunto de medidas que dicen ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya apuntada en los anteriores Reales Decretos aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19. El nuevo Acuerdo, que entra en vigor al ser refrendado por el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor.

Así, se vuelven a ofrecer prebendas y ayudas para que las empresas  puedan recuperar  su actividad ” a la carta” y para que las mismas puedan proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Para ello, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total o parcial , en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al Servicio Público de Empleo (SEPE) las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

Mantenimiento del empleo

El Acuerdo incluye, además, la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo BOE-A-2020-3824, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Pero es importante hay que destacar la medida de maquillaje social  que prohíbe que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.

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La mayor parte y el mayor monto económico de las ayudas desde el comienzo de la crisis ha primado subvencionar a las empresas sin asegurar un futuro real del empleo.

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores, medida que vuelve a “socializar” el esfuerzo de la Crisis, cargando su coste en los bolsillos de la mayoría social: la Clase Trabajadora.

  • Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE.
  • Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020).
  • En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
  • Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

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Los manijeros del Pacto.

El Acuerdo Social contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

El nuevo Pacto Social

La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Esta medida vuelve a transitar el conocido camino del pacto o concertación social, mediante la cual los sindicatos apesebrados, la Patronal y el gobierno decidirán en cada momento qué es mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Papel principalmente vergonzoso en estos pactos sociales lo protagonizan CCOO y UGT que venden al mejor postor los derechos de los trabajadores a cambio de ser legitimados y de asegurar su supervivencia económica a cambio de suculentas subvenciones por parte del Estado.

El gobierno y la patronal necesitan la coartada de disponer con el apoyo de los trabajadores y para ello echan mano de sus “interlocutores válidos” (CCOO y UGT) a los que hace lustros domesticaron ( y se dejaron domesticar) a base de subvenciones, dineritos y acceder a la complicidad del Estado con sus comportamientos.

Mediante los pactos sociales se niega y anula la negociación colectiva real para convertirla en una negociación colectiva virtual en la que no priman los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino lo que dispongan los burócratas sindicales que hace años que no han pegado un palo al agua e ignoran cuál es la realidad del mundo del trabajo.

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Real Decreto Ley 18 2020 de 12 de mayo

EL SAT ANTE EL DESAHUCIO Y ACTUACIONES DEL ALCALDE DE FUENTE VAQUEROS AYER 8 DE MAYO.

EL SAT ANTE EL DESAHUCIO Y ACTUACIONES DEL	ALCALDE DE FUENTE VAQUEROS AYER 8 DE MAYO.

Fuente
Las organizaciones sociales de nuestra provincia que integran la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza denuncian que en algunos pueblos del Área Metropolitana, como Pinos Puente, Atarfe, Íllora y Fuente Vaqueros la pobreza infantil alcanza niveles entre el 75 y el 80 por ciento.

Ayer viernes 8 de mayo, en la localidad de Fuente Vaqueros se produjeron unos sucesos protagonizados por José Manuel Molino Alberto (PSOE)​, alcalde del municipio, a los que la Unión Territorial del SAT de Granada quiere salir al paso.

Ante la noticia de que una madre de familia -víctima de violencia de género y con un menor de 11 años a su cargo- había entrado en una casa deshabitada ( propiedad de La CAIXA) para disponer de un techo, el alcalde Molino se apresuró a enviar a la Policía Municipal para que desalojaran a la familia de la vivienda. Ante la negativa de la familia a hacerlo, se coaccionó a la misma, así como a el pequeño grupo que la acompañaba y asesoraba solidariamente; se dio orden de tapiar la vivienda ( que fue desoída por los trabajadores municipales) y, finalmente, cortaron la electricidad y el suministro del agua de la vivienda privando a la familia de los suministros básicos. Posteriormente comenzó la “guerra mediática” por parte del alcalde, José Manuel Molino Alberto, para tapar su irregular y nefasta actuación a base de desacreditar a Carmen y su familia a quienes intentaron desalojar de la vivienda.

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El tío de la vara

Ante los vergonzosos infundios y libelos propalados por el alcalde fuenterino, queremos precisar lo siguiente:

1º.- El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros procedió a desalojar una vivienda motu proprio, ya que ni la Caixa ni el fondo buitre (Building Center) propietario de la vivienda y dependiente de la entidad bancaria citada hubieran presentado denuncia. Tampoco ningún juzgado, comisión judicial ni nadie hubiera podido proceder a la ejecución de un lanzamiento que, sin entrar en más consideraciones jurídicas, están suspendidos por ley en estos momentos.

2º.- Carmen no dispone de viviendas propias ni de rentas netas superiores a los 300 € al mes, pese a afirmaciones difamatorias vertidas desde el Ayuntamiento. Otro cantar es el sueldo del alcalde de Fuente Vaqueros, que dispone de unos ingresos brutos al año similares a los de la alcaldesa de Barcelona y que cobra holgadamente sus 3.500 € al mes, teniendo, como es bien sabido “bien colocada a su familia”

3º.- Fuente Vaqueros es una población de la Vega de Granada con unos altísimos índices de desempleo y de familias que bien por debajo del umbral de la pobreza.

Por todo ello, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada quiere poner en conocimiento de la Opinión Pública que:

1º.- Ayer viernes nuestra delegada sindical en el Ayuntamiento, Margarita García Hurtado, procedió a denunciar al alcalde. A esta denuncia van sucederle otras y tantas sean necesarias.

2º.- El SAT ya ha entablado contacto con la Diputación y la Subdelegación del Gobierno en Granada para comunicar el vergonzoso comportamiento del alcalde .

3º,. El alcalde y el propio Ayuntamiento de Fuente Vaqueros que, de saber lo que es la vergüenza, debería dimitir de inmediato, han sido condenados en reiteradas ocasiones por Juzgados de lo Social y el TSJA a cuenta de fraudes en la contratación y vulneración de la Libertad Sindical.

4º.- El actual alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino Alberto , y su compinche predecesor en el cargo han instituido un régimen de clientelismo insoportable en el municipio.

5ª.- Que echamos a faltar la opinión y actuación del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de La Fuente, que ni han dicho ni hecho nada ante los abusos recientemente cometidos y ahora denunciados.

Desde el SAT apoyaremos todas las iniciativas que concluyan en la concesión a Carmen de una vivienda en alquiler social y defenderemos su derecho a acceder a cuantos subsidios, ayudas y protección que le otorgan la ley.

Fuente Vaqueros, 9 de mayo del 2020.

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada-

El portavoz territorial.

Paco Cabello.

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

Sanidad andaluza

Comunicado sanidad covid-19

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a las autoridades sanitarias y a la población con el siguiente comunicado:

La pandemia por el Covid‐19 ha puesto en cuestión las políticas de salud pública que se han practicado en los últimos años. Los recortes y las privatizaciones realizadas han generado un verdadero problema social y de salud, con servicios sanitarios saturados, al borde del colapso de sus profesionales, que han soportado el impacto de la epidemia en nuestro país con más de 31.000 profesionales afectados (alrededor del 22% en Andalucía). En estos momentos el consenso social está manifestando la necesidad de reforzar los servicios públicos, en particular una sanidad pública universal y de calidad.

Se ha puesto de manifiesto la dependencia económica que la globalización ha instalado en nuestra economía. Ha resultado increíble que hayamos dependido de la industria China para la provisión de mascarillas, EPIs, test diagnósticos y respiradores. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro país, junto con las comunidades autónomas, ha de tener planes de contingencia, previsiones para una provisión garantizada de los bienes esenciales en caso de necesidad, para escenarios de pandemias o catástrofes que pudieran darse.

De alarmante puede calificarse el número de fallecidos en residencias de mayores por covid‐19 o con síntomas compatibles, alcanzando estos días la cifra de más de 13.600, es decir, alrededor del 67% del total de fallecidos. Está en duda la capacidad de respuesta en una raquítica estructura de los servicios sociales y sociosanitarios, descoordinados, privatizados en un 90% tanto en los servicios de apoyo a domicilio, Residencias o Geriátricos. La crisis económica anterior y el sistema de conciertos y subvenciones han determinado una precariedad en medios y en personal que han perjudicado la calidad de vida y asistencial en las residencias. No hay que olvidar que la política de contratación en sanidad, mediante contratos de corta duración, perjudica tanto a los profesionales como al correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Queremos resaltar y aplaudir, como cada día realiza toda la ciudadanía, el esfuerzo y la entrega personal de todos los profesionales sanitarios que están junto a otros ciudadanos en la primera línea de combate contra la pandemia. El contexto donde están realizando su trabajo no es el más idóneo ni para preservar su salud ni la de la ciudadanía: falta de equipos de protección, de test diagnósticos, de respiradores, ausencia de sustituciones, contratos precarios, déficit de personal (9.1 sanitarios por cada mil habitantes frente a la media europea de 11.9).

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas que son exigibles a las autoridades sanitarias tanto en el presente como en el futuro más inmediato:

1‐ La retirada de la prohibición de denunciar públicamente la situación que se vive en los centros sanitarios. Es inadmisible que en una de las comunidades con mayor personal sanitario contagiado no se pueda denunciar la situación que da lugar a tal hecho.

2‐ Mejorar los mecanismos de coordinación y gobierno del Sistema Nacional de salud, redefiniendo las competencias de estado y de autonomías y asignando al consejo interterritorial de sanidad un papel más determinante en las tares de planificación sanitaria y de coordinación ejecutiva y en contextos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo.
3‐ Mejoras de las condiciones laborales y de prevención de riesgos, de todos los profesionales en el ámbito sociosanitario, desde los servicios sanitarios hasta las residencias de mayores y los servicios de atención domiciliaria, pasando por los celadores, personal de Lencería y lavandería, personal de cocina, personal de mantenimiento y el personal de limpieza. Más contratos estables para una mayor estabilidad de nuestra sanidad pública. Cuidemos a nuestros profesionales

4‐ En la nueva fase de abordaje de la pandemia es necesario un modelo de respuesta más comunitaria desarrollando las siguientes medidas:

Reforzar la red de atención primaria, salud mental comunitaria y los servicios sociales de ayuntamientos, reconociéndoles como esenciales, para facilitar el trabajo en los centros y a domicilio en la detección de nuevos casos, personas inmunizadas, garantizando el seguimiento y el aislamiento preventivo de las personas de riesgo. Apoyamos la idea de hoteles medicalizados para personas infectadas que no tengan condiciones mínimas domiciliarias para la cuarentena.

Reforzar los servicios de atención telefónica coordinada que permita mejoras en la atención personalizada de personas en aislamiento soledad o desamparo.

Apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el duelo de las familias que no han podido despedir a sus familiares.

Ofrecer hostales o pisos vacíos disponibles para las familias sin hogar y en riesgo de exclusión, incluyendo la oferta de provisión de alimentos y bienes básicos, sin menoscabo de los derechos laborales de los y las empleadas de esos hoteles.

Articular de manera efectiva la renta mínima de emergencia.

Implicación y coordinación de los líderes comunitarios para mapear y llevar a cabo las acciones de intervención comunitaria.

Apertura progresiva y organizada de los espacios públicos para niños y niñas.

5‐ Es necesaria un plan de contingencias que aborde de manera prioritaria las ya desmesuradas listas de espera de personas para consultas de especialista, de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas.

6‐Revertir las externalizaciones de servicios así como los conciertos con hospitales privados, lo que ha provocado la disminución de la oferta de empleo público y más recortes en sanidad.

De esta crisis sanitaria, económica y social saldremos, si lo hacemos todos juntos, desde el bien común y con el objetivo de reforzar desde hoy mismo los servicios públicos.

SUSCRIBEN

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, USTEA, SAT, CGT, Amigos del centro de Salud del Albaicín, Ajuntamientos Albaicín, Ajuntamientos Centro‐Sagrario, STOP Desahucios, Granada Laica, AMPA del CEIP Gómez Moreno, USE, Podemos Granada, PCE, IZAR, Defender Granada, Círculo de Salud Podemos Granada.