Andalucía por el Derecho a Decidir.

Cartel 1-O

El próximo domingo 1 de octubre, y apoyada por numerosas organizaciones, se llevará a cabo una manifestación en la que el Pueblo Trabajador Andaluz va a mostrar su solidaridad con el proceso catalán y el Derecho a Decidir. La marcha comenzará a las 12’00 horas desde la Plaza del Carmen y llegará hasta la Subdelegación del Gobierno en Granada. En la presente entrada tenéis la posibilidad de añadir vuestra firma como adhesión al manifiesto.

http://andaluciaporelderechoadecidir.blogspot.com.es/2017/09/el-pueblo-trabajador-andaluz-con.html?m=1

MANIFIESTO.
Los abajo firmantes manifiestan su total apoyo al derecho a decidir de los pueblos de las naciones sin Estado sobre el tipo de relación política que desean mantener con los Estados a los que están vinculados en la actualidad.
En el caso concreto del pueblo catalán manifestamos nuestro total acuerdo con el hecho de que pueda decidir libremente en referéndum sus estructuras políticas y el tipo de relación que desea mantener con otros pueblos en el futuro.
El derecho de autodeterminación de las personas, los pueblos y las naciones sin Estado es un derecho humano básico, recogido en los Pactos y Declaraciones de Derechos de Naciones Unidas, y, como tal, su ejercicio no puede ser impedido por ninguna ley ni instancia.
Cuando desde el gobierno catalán se ha intentado un referéndum pactado, del mismo tipo que los llevados a cabo en Escocia o Quebec (con la aceptación de los gobiernos británico y canadiense), se ha encontrado con la negativa frontal del gobierno español, apoyado por los partidos del régimen. Ante este hecho las instituciones políticas catalanas han convocado de forma unilateral el referéndum.
La convocatoria de dicho referéndum muestra a las claras el carácter anti-democrático del régimen del 78. La involución reaccionaria y autoritaria del Estado español se evidencia en la oleada represiva para impedir que se vote el próximo 1 de octubre amenazando a alcaldes, prohibiendo actos públicos o interviniendo propaganda y papeletas. El régimen heredero del franquismo no está dispuesto a que se ponga en entredicho los acuerdos de las Transición. Si hoy se deja decidir sobre el estatus político que desea tener el Catalunya quizás mañana le toque a otro pueblo o a otras cuestiones como el propio modelo de estado (Monarquía o República). Precisamente por eso es necesario defender hasta las últimas consecuencias este derecho democrático a expresar la voluntad popular en referéndum. L@s trabajadoras, l@s parad@s, l@s pensionistas, l@s jóvenes nada tenemos que temer de un referéndum en Cataluña ni de su independencia. De lo que sí tenemos que temer es de Estados como el Español que recorta para pagar su deuda, que despide, que desahucia, que reduce salarios y pensiones y que deja a nuestros jóvenes sin futuro.
Esa política de ajustes también ha sido llevada a cabo por el actual gobierno catalán, pero lo que hoy nos lleva a salir a la calle para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo catalán y el apoyo al derecho a la autodeterminación es la defensa de un derecho democrático que no es un cheque en blanco para Puigdemont y Más. Eso dependerá en definitiva de la voluntad del pueblo catalán. Pensamos al contrario que un proceso de esas características puede ser el inicio de cambios sociales profundos. La confianza adquirida en la movilización para conseguir sobrepasar la represión del estado español y de sus instituciones puede conllevar una toma de confianza mayor para replantearse qué tipo de sociedad construir: qué servicios públicos queremos, que tipo de bancos queremos, qué relaciones laborales, al servicio de quienes deben estar los recursos materiales y culturales de nuestro pueblos.
Por todo ello mostramos nuestra solidaridad con el pueblo catalán y su apoyo al ejercicio del derecho de autodeterminación mediante el referéndum del próximo día 1 de octubre, a la vez que exigimos a las instituciones y partidos del Estado español que sean respetuosos con la voluntad que expresen las urnas ese día y detengan la dinámica de amenazas judiciales y de intervenciones represivas que se está actualmente desarrollando para impedir la consulta popular.
Andalucía, 21 de septiembre de 2017
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EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL CAMPO DE GRANADA: ALBUÑOL Y LLANO DE ZAFARRAYA, DOS REALIDADES CON UN RESULTADO COMÚN.

EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL CAMPO DE GRANADA: ALBUÑOL Y LLANO DE ZAFARRAYA, DOS REALIDADES CON UN RESULTADO COMÚN.

 

A unos pocos meses de la conmemoración del 4 de diciembre cabe hacerse una serie de preguntas sobre las insalvables diferencias económicas y sociales que, en el primer tercio del siglo XXI, se están perpetuando en Andalucía. En el presente artículo tomaremos como referencia dos polos de riqueza del campo granadino: el Llano de Zafarraya, en el poniente, y Albuñol-La Rábita-El Pozuelo, en la Costa Tropical. Dos ejemplos que ponen de manifiesto cómo la explotación más feroz, el robo generalizado y el incumplimiento de cualquier normativa legal imperan, haciendo sonrojar hasta a los más templados.

                El 4 de diciembre de 1977, una inmensa marea humana llenó las calles y plazas de Andalucía exigiendo el autogobierno como la única vía posible sobre el que depositar la esperanza para superar el secular atraso económico y las consiguientes desigualdades, resultado de una injusta distribución de la riqueza, que se venía padeciendo. Frente a algunos sesudos historiadores, politólogos y economistas muy parciales y afectos al Régimen del 78, nosotros entendemos que el 4 de diciembre de 1977 los andaluces salimos a la calle para exigir un autogobierno, una soberanía que paliara las lacras que nos asfixiaban como pueblo trabajador: el paro endémico, emigración, incultura y analfabetismo; la permanente falta de oportunidades y futuro en una de las zonas más ricas de la Península Ibérica, ente otras, eran las cuestiones a superar en manos de un autogobierno de izquierdas.

                El análisis era bueno. Las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía parten, evidentemente, de la apropiación y control de la riqueza y recursos de nuestra tierra en manos de unos pocos, lo que nos abocó y (a la vez es producto) a basar gran parte de nuestra economía en tareas de producción primaria[1]que surtieran las necesidades y demanda del “exterior”. Tras el robo de nuestros recursos naturales y agrícolas, y la imposibilidad de que sus excedentes revirtieran en nuestra tierra, llegó un nuevo modelo de “exportación”: el de nuestras mujeres y nuestros hombres, que emigraron masivamente de Andalucía en las décadas comprendidas entre 1920-1930 y 1955-1975 del pasado siglo. Concretamente, los veinte años que transcurren entre 1955-1975 tuvieron una especial repercusión en las zonas del Llano de Zafarraya y Albuñol ante la angustiosa falta de trabajo y de un futuro en sus propias comarcas, la emigración azotó estas zonas provocando, allí y en el resto de Andalucía, un éxodo de un millón y medio de habitantes que fueron paulatinamente sustituidos por la mecanización y modernización agrícola[2] que trajo la ausencia de mano de obra obligada a emigrar. Esta mecanización y modernización vino a perpetuar las desigualdades económicas y, por consiguiente, las penurias del agro andaluz; aumentando las brechas de población, manteniendo los benéficos en manos de unos pocos y provocando importantísimos daños ecológicos que ya se manifiestan y cuyas consecuencias, de no ser enmendadas, padecerán las generaciones venideras.

La desigualdad como bandera. El PSOE y el freno al 4-D.

Que le Estatuto de Autonomía de 1981 establezca que es imprescindible “la superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales” de las distintas áreas de Andalucía y que este mismo “mantra” sea repetido por el Estatuto de 2007, evidencia claramente que el objetivo está incumplido al día de hoy. El PSOE desbarató el espíritu y los anhelos expresados por los andaluces en 1977 para perpetuar un sistema injusto que abrazó con entusiasmo de nuevo rico, para potenciar otro, socialmente muy dañino, basado en el subsidio, el clientelismo y la renuncia a transformar la estructura económica andaluza.

Resultado de esta inacción política del PSOE, en el agro andaluz la agricultura industrializada cada vez ocupa menos manos, menos cultivos y un menor espacio cultivado, y presenta paradojas tales como la de convertir un país exportador de productos agrícolas en importador de alimentos, nefasta causa que se deriva de la gestión capitalista por la que siempre apostaron los virreyes socialistas que han gobernado nuestra tierra en beneficio de otros. Como muestra y corolario a todo esto vale un botón: en el 2015 la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía era de un 43’2%[3] y su índice de desempleo es de un 48’7% para los menores de 25 años y tiene un promedio de 35% en todas las edades, las cifras más altas de todo el Estado Español.

Dentro de todas las injusticias que trae consigo el sistema imperante y que sólo podrán ser superadas mediante un cambio radical del sistema imperante, nos encontramos y analizaremos dos zonas específicas muy diferentes y separadas por varios centenares de kilómetros. La primera es la zona de Albuñol – La Rábita-El Pozuelo, dentro del denominado espacio litoral andaluz y enclavada en la zona más oriental de la Costa Tropical Granadina. La segunda, se halla en la amplia comarca del Poniente Granadino: el Llano de Zafarraya el cual delimita la Sierra de Alhama y desde donde se salta por el angosto paso del Boquete de Zafarraya a la zona litoral y la Axarquía malagueñas.

Albuñol – La Rábita – El Pozuelo. Una extensión de la producción industrial agrícola.

Albuñol (artículo)

El municipio de Albuñol, que en 1845 absorbió a La Rábita y a sus núcleos de población como El Pozuelo, está a más de un centenar de kilómetros de Granada y enclavado en el extremo más oriental de la Costa Tropical Granadina. De su proximidad al territorio de Almería mezcla acentos y costumbres y una producción agrícola “bajo plástico” que genera una cifra superior al 30% en el denominado sector primario y que deja el resto para el sector servicios. La nula industrialización de una zona ferozmente agredida en el aspecto ecológico no es una novedad allí, donde el peso específico de la Construcción ha caído totalmente y donde la explotación laboral campa por sus respetos. Como dibujábamos sucintamente al comienzo del artículo, la población de Albuñol descendió a causa de la emigración desde los más de 8225 habitantes censados en 1940 hasta su valle más bajo en 1981 (5530 hab.).[4] En la actualidad, Albuñol está cerca de la población que tuvo en 1930 y que se cifraba en más de 7500 vecinos, pero sin llegar a superarla.[5] A todos estos datos poblacionales hemos de añadir una importante población inmigrante entre los censados y no censados, que en su totalidad se ocupan en las labores agrícolas y en los almacenes de manipulado de frutas y hortalizas, fundamentalmente de los productos procedentes de la horticultura. Esta actividad, tanto en Albuñol, como en La Rábita y El Pozuelo está degradando y despilfarrando recursos naturales y explotando de manera absolutamente indecente a los trabajadores. A saber: mientras que las grandes cadenas de distribución son las que se llevan los beneficios de la horticultura de la zona, los agricultores ven cada vez menos valorado su producto y son objeto de un crónico y constante abaratamiento de precios que pretenden superar con el aumento e intensificación de unos rendimientos que agotan el medio natural y convierten a los trabajadores agrícolas en los nuevos parias del siglo XXI. Todos los trabajadores asalariados de la zona reciben un tratamiento nefasto por parte de los empresarios agrícolas y las “cooperativas” que controlan el manipulado: contratos fraudulentos (o trabajo sin contrato), jornadas abusivas y semanas de trabajo de lunes a domingo sin descanso, pago de jornales de hasta un 50% por debajo de lo establecido en el convenio colectivo del Campo, impago de salarios y la “mordida[6]” para pagar unas cotizaciones a la Seguridad Social que finalmente no pagan; y, en el manipulado, falta de respeto a los horarios, impago de las horas nocturnas y extraordinarias, falta de dotación y ropa de trabajo, disponibilidad diaria ilimitada, listas negras para los que reclaman, etc.

Con la Construcción en pleno decaimiento[7] y la desaparición de las actividades derivadas de la pesca y actividades marítimas[8] todos los recursos giran en torno al sector servicios, el turismo en la zona de playas y en la agricultura y el manipulado de sus productos, pero, en todos los casos con una práctica suicida que va a destrozar, sin ningún género de dudas, el medio natural que estas poblaciones ocupan y comparten y la convivencia entre los trabajadores locales (migrantes o no) que padecen una acuciante falta de derechos, recursos económicos dignos y soluciones a la carencia habitacional y otros aspectos sociales que todo esto conlleva. Todo ello ante la mirada complaciente de un gobierno municipal del PSOE basado en el modelo de la Andalucía Imparable de Susana Díaz.

El Llano de Zafarraya: crecer en desordenada estupidez.

llano de Zafarraya 2

Zafarraya y El Almendral son los principales componentes que conforman el municipio al que da nombre la primera. Ventas de Zafarraya (dependiente del municipio de Alhama), junto a otros núcleos menores de población, se asientan en el Llano de Zafarraya: un auténtico vergel donde hortalizas, tomates tardíos, coles, lechugas y alcachofas, junto a otros importantes cultivos, están enriqueciendo a unos pocos y condenando a una existencia bastante indigna a los trabajadores agrícolas y de los almacenes. Como la mayor parte de la zona interior andaluza y, en concreto, de sus valles y campiñas, se caracteriza por una agricultura comercial muy tecnificada y especializada que marca el gran peso específico que tiene en estas zonas el sector primario. Su población se ha visto, desde mediados del siglo XX, en continuo descenso[9] que ha venido a ser compensado por la llegada de emigrantes procedentes, principalmente, de África. Con unas importantes cifras de desempleo estacionales y una absoluta desregulación en todo lo relativo a las relaciones laborales, el Llano de Zafarraya nos ofrece escenas de exclusión social impropias de la era en que vivimos. Las paradojas que presentan un desarrollo constante de las explotaciones agrícolas y del manipulado de sus productos con una población trabajadora marginada y empobrecida son evidentes. El Llano hoy tiene una cifra real de desempleo muy similar al del resto de poblaciones valles y campiñas andaluzas (sobre el 25%), pero que el trabajo “en negro” dispara cuando se hacen análisis simplemente con la base de los datos.

Empleadores e instituciones: Ni ver ni oír ni hablar.

La brutalidad con que los empleadores (principalmente pequeños agricultores y “cooperativas” o empresas de manipulado) dirigen el negocio es sangrante. De la falta de cumplimento de la legislación laboral y de los convenios colectivos resultan trabajos muy precarios, salarios miserables que sólo pueden ser incrementados a base de trabajar de sol a sol y una falta de cotizaciones a la Seguridad Social que priva a los trabajadores y trabajadoras de unos ingresos dignos y de unas garantías sociales que les hacen permanecer siempre presas de la explotación más feroz. Ya comentábamos con anterioridad cómo se roba una parte del magro salario de los peones agrícolas y jornaleros con la excusa de hacer frente a los pagos de los seguros sociales que nunca se pagan: es “la mordida” a la que diariamente someten los empresarios a sus empleados. Del mismo modo, las condiciones de trabajo en alhóndigas y almacenes han ido empeorando hasta llegar casi a equipararse con el trabajo agrícola: una auténtica vergüenza. En todo este tinglado de corrupción empresarial juegan un papel determinante las asociaciones agrarias (COAG, ASAJA, etc.) que educan y adiestran a sus asociados en el robo al trabajador y, para ello, cuentan con la inestimable colaboración de gestorías y otro tipo de estraperlistas de firmas, peonadas y contratos que coaccionan y obligan a los trabajadores a firmar todo aquello que les perjudica y les mantiene en la ignorancia de sus derechos. ¡Ay qué ver! De qué manera muchos agricultores hijos de emigrantes o que dijeron defender el cooperativismo real ahora tratan con mano de hierro a sus empleados en busca del beneficio propio, o cómo cuentan sus dineros desde la barra del bar mientras recogen las rentas del arriendo de sus tierras a otros trabajadores inmigrantes que explotan con la misma inquina a los trabajadores.

Ya esbozábamos antes que ni la administración autónoma andaluza del PSOE ni las organizaciones agrarias de propietarios saben ni quieren poner tasa a los abusos que van a condenar a unos pocos años vista el desarrollo del sector. La búsqueda del beneficio a base de abaratar costes y aumentar la producción está quemando a hombres y mujeres de la misma manera que lo hace con el suelo, acuíferos y medio ambiente de zonas que se degradan. El diseño (o, mejor dicho, la ceguera de no diseñar) una economía realmente cooperativa y de desarrollo e interés social que revierta sobre las comarcas andaluzas lleva camino del precipicio a empresarios y trabajadores. Hasta ahora, toda “visión de futuro” es la de seguir “creciendo” a base de meter fuego a todo aquello que podría dignificar la vida, el medio ambiente y la sociedad de estas comarcas.

Todo el actual desatino del que estamos siendo testigos sólo acarreará a corto plazo problemas de gran calado social, como ya produce chabolismo, falta de educación e integración del creciente número de trabajadores inmigrantes, diferencias sociales acusadísimas, violencia sobre las mujeres trabajadoras, etc. Ante todo, estos ni las administraciones locales actúan de manera medianamente contundente y permanecen observando y esperando el día en que se produzca el desastre que ya se anuncia con suficientes datos objetivos. Cabría preguntarse ¿qué valores democráticos e igualitarios ha traído consigo el llamado Régimen del 78 para Andalucía a parte de los puramente formales? ¿No tienen, acaso, los empresarios, agricultores, alcaldesas y gerifaltes de la Junta de Andalucía una absoluta falta de respeto por la dignidad y la justica? ¿Acaso ellos no están fomentando las desigualdades y las injusticas cotidianas?

 

Volvemos al 4 de diciembre, 40 años después.

El éxito de la agricultura y la economía de el Llano de Zafarraya y del Albuñol pasan por una producción respetuosa con el medio ambiente y los derechos laborales y sociales. Seguir pensando que, dentro del modelo de economía globalizada, el sistema imperante va a procurar un verdadero desarrollo de futuro y sostenible es absurdo. La globalización está condenando a Andalucía a seguir siendo un territorio “de segunda” donde el Capital elige qué, cómo, cuándo y dónde invierte y compra y, a causa de ello, irá arruinando y marginalizando cada vez más zonas de nuestro territorio.

El último informe de Autonomía Sur,[10] publicado hace pocos meses, indicaba cuál es el camino a seguir las “nuevas vereas” que debemos caminar dentro del campo y la economía andaluza para salir del marasmo que nos ahoga como pueblo trabajador: “Se trata de la construcción de otra economía desde lógicas distintas a las de la acumulación capitalista. En este sentido, se trataría de la generación de nuevas unidades económicas de producción basadas en el reparto, tanto del excedente como del poder, así como en la búsqueda de fórmulas de propiedad de los medios de producción no privadas. El nuevo modelo productivo podría guiarse por tres grandes valores de los jornaleros andaluces. Se trata en primer lugar de “el cumplir”: frente al parasitismo social del señorito andaluz, la dignidad del buen trabajo de quien cumple por respeto a sí mismo y a los demás. En segundo lugar, “la unión” que hace la fuerza posible de los estructuralmente desposeídos, condenados a alquilar su fuerza de trabajo bajo condiciones que los dominadores controlan. Y en tercer lugar “el reparto” como sistema legítimo de devolución de la tierra a aquéllos con los que realmente ésta mantiene un vínculo. Con estos valores podemos avanzar hacia un modelo productivo que pase de la acumulación al reparto (de riqueza, poder, tiempo y propiedad), de la competitividad al cumplir (ser competente), y del individualismo a la unión (cooperación)”.

De cara ya ante este 4 de diciembre que nos recordará cómo se han sucedido 40 años de traiciones, robos, falta de respeto y desatinos en la construcción de una nueva Andalucía, la voz de los trabajadores conscientes y organizados junto a las de todos aquellos que consideren que nuestra patria está por encima del beneficio de unos pocos y de que hay que revertir el sistema actual que nos conduce al desastre, debe volver a ser unánime. El Llano de Zafarraya, Albuñol, Andalucía entera, deben manifestar su compromiso con la justicia social y el fin de la injustica y la miseria cotidiana. Para ello, es imprescindible una gran movilización ciudadana que marque y dirija una lucha constante que nos lleve a la recuperación de nuestros derechos como andaluces y trabajadores.

Nos vemos en los campos, en los tajos y en las calles.

Paco cabello.

Portavoz Territorial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada

 

 

 

[1] Producción primaria: Agricultura, ganadería, pesca y minería.

[2] ´Todavía, entre 1981 y 2011, las comarcas del Poniente Granadino y la Costa Tropical seguían registrando un crecimiento de población por debajo de la media andaluza.

[3] UNICEF cifra en un 51% el porcentaje de niños andaluces que viven en riesgo de pobreza y/o de exclusión social.

[4] La Rábita cuenta en la actualidad con 1985 habitantes censados y el Pozuelo con cerca de 700.

[5] Albuñol cuenta, en la actualidad, con 6971 habitantes censados (datos de 2016 INE).

[6] Los empresarios detraen entre 8 a 12 € diarios a los trabajadores agrícolas de su jornal para “hacer frente al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Estas cotizaciones, que deberían correr de parte de los empresarios, son literalmente robadas a los trabajadores para, finalmente, no llegarles a cotizar más que unos pocos días por mes que, en la mayoría de los casos, no supera las 5 o 6 jornadas.

[7] La especulación inmobiliaria y la falta absoluta de una política de ordenación de la zona, que no el destino, y sus nefastas consecuencias en la zona ya se pudieron evidenciar en 197 en pleno “desarrollismo franquista”. con las inundaciones que causaron centenares de muertos y arrasaron 101 edificios principalmente en La Rábita, pero que afectaron a todo el municipio. Pese a ello, en 1982, 1987 y 1989 volvieron a producirse nuevas riadas que han ido obligando a redefinir partes del urbanismo, pero sin ninguna actividad re ordenadora y preventiva concreta.

[8] La Rábita era, a finales del siglo XIX y junto a Adra, el principal puerto de La Alpujarra y mantuvo una intensa actividad hasta bien mediado el siglo XX, pero hoy esta actividad se encuentra “en vías de extinción”

[9] En 1950 el municipio de Zafarraya superaba los 3000 habitantes, su valle más profundo se marcó en la década de los 80 con una población inferior a las 2000personas, para recuperar cierta población que, en datos de 2016 es de 2063 habitantes censados.

[10] Informe Sur 03. Las economías territoriales andaluzas. De junio de este año.

81 aniversario del asesinato de Blas Infante

81 aniversario del asesinato de Blas Infante

Un día como hoy, hace ochenta y un años, era asesinado en la carretera de Carmona a Sevilla (a la altura del cortijo del “la Gota de Leche”) Blas Infante, incansable luchador y militante por la soberanía de su tierra y padre de la patria andaluza. Unos pocos días después del mismo 1936 era liquidado Federico García Lorca por los esbirros del mismo feroz despotismo.

Al entrar en la vieja Facultad de Derecho de Granada por la puerta de la plaza de la Universidad, puede observarse a la izquierda una placa donde se recuerda que Blas Infante cursó y aprobó sus estudios en esta facultad. En ese mismo edifico (utilizado en 1936 como sede del Gobierno Civil) estuvo detenido, hasta ser conducido a Víznar para su ejecución, Federico García Lorca. Ambos fueron vilmente asesinados con sólo 9 días de diferencia. y con sendas balas pretendieron callar sus voces cargadas de justicia, razón y esperanza. Los crueles asesinos segaron la vida de ambos, pero hicieron inmortales sus palabras y pensamientos aunque al día de hoy sigamos ignorando el paradero de sus restos y de las fosas en que fueron enterrados.

Blas Infante placa

Junto con Blas y Federico decenas de miles de andaluces y andaluzas fueron asesinados a partir del 19 de julio de 1936 en cuarteles, tapias y cunetas de toda Andalucía;  mientras que otros centenares de miles fueron represaliados y desposeídos de sus más básicos derechos como ciudadanos.

Hoy, cuando se cumplen ochenta y un años del asesinato de Blas Infante, el nombre de uno de sus asesinos sigue intitulando un colegio público en Peñaflor (Sevilla), pero el Estado Español se niega a revocar la sentencia condenatoria (dictada tras su muerte sin juicio) que pesa sobre el recuerdo del padre de la patria andaluza. Del mismo modo, decenas de miles de fusilados, “desaparecidos” y represaliados junto a sus familias siguen siendo ignorados y condenados por el silencio cómplice de los gobernantes.

Hoy, diez de agosto, es nuestro deber poner en valor sus ideas y hacer imperecedera la llama del recuerdo de Blas Infante, uno más de los desaparecidos a manos del fascismo español. Del mismo modo, hoy es el mejor día para estar al lado de las miles de familias del resto de víctimas condenadas al ostracismo, y de exigir que se haga justicia con ellos definitivamente. En su recuerdo, en el de Federico, en el de Blas Infante Pérez, exigimos Verdad, Justicia y Reparación.

Sindicato Andaluz de Trabajadores /as.

Unión Territorial de Granada

 

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS, CONVENIOS COLECTIVOS Y JURISPRUDENCIA

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Enrique Villalobos

Asesoría Jurídica SAT Granada

Un trabajador fijo discontinuo es aquel contratado con carácter indefinido ya que desarrolla actividades permanentes dentro del ciclo productivo de la empresa, pero que se dan de manera discontinua, es decir, lleva a cabo funciones que se repiten en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo.

Las características típicas de este tipo de contrato son la estabilidad en el empleo, períodos de no actividad y derecho al llamamiento cuando se reanude la actividad.1

Sin embargo, en la práctica se cometen numerosos fraudes de ley al utilizar contratación temporal para llevar a cabo actividades laborales que deben ser cubiertas mediante la figura del fijo discontinuo. Es muy frecuente, por ejemplo, que las empresas utilicen un contrato de obra y servicio para contratar a un peón agrícola o para un profesor de esquí en la temporada de invierno.

Nuestros tribunales han estudiado numerosos casos derivados de esta problemática. Por ejemplo, en la STS Sala de lo Social de 18 de septiembre de 2012 (rcud. 3880/2012) se analizó y resolvió que un peón que prestó sus servicios para CETURSA desde 2008 hasta 2011 en distintos períodos acreditados de trabajo, sumando un total de 327 días de cotización y contratado mediante contratos de obra y servicio determinado, realmente era un trabajador fijo-discontinuo y que no había fin de contrato sino despido improcedente.

En efecto, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sentenció que “la relación laboral examinada era fija discontinua porque la actividad se repetía en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y con una cierta homogeneidad, respondía a las necesidades normales, habituales y permanentes de la demandada durante la temporada de esquí, de forma que tal actividad no podía cubrirse con contratos temporales porque no había limitación temporal del servicio o la obra, sino reiteración en el tiempo, de forma permanente, de las tareas en determinados períodos que se repiten todos los años, aunque no en las mismas fechas”.

En la STS 5072/2016 Sentencia 5072 Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Nº de recurso 3826/2015), la esencia de la cuestión a resolver era “determinar si una trabajadora que había venido prestando servicios durante varias campañas consecutivas en la actividad de recolección de cítricos puede considerarse fija discontinua y, por tanto, si el cese ordenado por la empresa puede ser considerado como un despido y no como una finalización de contrato” resolviendo que “la actividad de peón en la recolección de cítricos responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa durante la campaña agrícola de recolección de la fruta y no puede cubrirse a través del contrato eventual porque la misma no responde a necesidades extraordinarias por circunstancias de producción temporalmente limitadas, ni tampoco puede atenderse mediante contratos de obra o servicio determinados, porque no hay limitación temporal de la obra o servicio, sino reiteración en el tiempo de forma permanente de las tareas determinados períodos que se repiten todos los años, aunque no en las mismas fechas.

De ello se deduce que la naturaleza del contrato que liga a la actora con la demandada es la de indefinida fija discontinua”.

Hay ciertos convenios que a la hora de regular la figura del fijo-discontinuo incurren en error. Por ejemplo el Convenio Colectivo provincial de trabajo en el campo de Almería establece que adquirirán la condición de fijos-discontinuos “los trabajadores que presten sus servicios para una misma empresa durante dos campañas consecutivas o tres alternas, con un promedio de 180 días trabajados cada campaña, siempre que en dicha campaña no se produzca una interrupción de la relación laboral superior a treinta días, adquiriendo dicha condición al inicio de la siguiente campaña”.

En la segunda sentencia expuesta anteriormente, el TS establece que “tal cláusula no respeta el presupuesto objetivo del contrato fijo discontinuo tal como establece el art. 15.8 del ET ya que condiciona la adquisición de dicha condición a la prestación de servicios en varias campañas, bajo no se sabe que modalidad contractual, eludiendo la configuración legal del contrato en cuestión; y constituyendo, consecuentemente, un claro supuesto de regulación convencional contra legem, vedado en nuestro ordenamiento jurídico por los artículos 3 y 82 del ET”, recordando que un convenio colectivo “no puede establecer condicionamientos no previstos en la ley para la adquisición de la condición de fijos discontinuos, ni exigencias de permanencia previa en la empresa para adquirir tal condición en supuestos en los que la actividad contratada es, desde su principio, una actividad claramente estacional cíclica y permanente”.

En resumen, cualquier actividad que se repita en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y con una cierta homogeneidad, respondiendo a necesidades permanentes y habituales de la empresa, debe ser contratada a través de la modalidad de fijo discontinuo y cualquier cláusula establecida en un convenio colectivo que establezca requisitos de permanencia previa o condicionamientos que no se encuentran en la ley para ser fijo-discontinuo podrán ser impugnadas al ir contra lo establecido legalmente.

Desde el SAT animamos a todos los compañeros y trabajadores que constaten que en sus convenios figuran plazos o restricciones para los trabajadores fijos-discontinuos a que lo pongan en conocimiento del sindicato para que adaptemos las medidas oportunas para acabar con estas ilegalidades.

1Memento Social 2017, Francis Lefebre, nº marginal 9063.

 

Sobre las manifestaciones por la capitalidad judicial de Granada.

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Hace pocas fechas fuimos testigos en Granada de una multitudinaria manifestación que reclamaba, más allá de la “capitalidad judicial” en Andalucía que recoge el Estatuto de Autonomía, la exigencia de que las nuevas salas que se crearán dentro del Superior de Justicia de Andalucía no tengan sede ni en Málaga ni en Sevilla.

Que estas manifestaciones se produzcan y que determinados colectivos hagan públicas sus exigencias entra dentro de la normalidad, lo que no es óbice para que nos sorprenda el ahínco y tesón que han puesto numerosas entidades y fuerzas políticas que se dicen de izquierda y progresistas en la reivindicación de la exclusividad en capitalidad judicial y de “salir en la foto” para no quedar empero rezagados en el viaje a ninguna parte que conlleva y significa este tipo de reivindicaciones.

¿En qué favorece a los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos de Granada ostentar esa “exclusividad “en la capitalidad judicial andaluza? ¿Acaso es progresista obligar a los malagueños y a los sevillanos a trasladarse obligatoriamente a nuestra ciudad para solventar cualquier asunto propio del TSJA? ¿Por qué narices un país como Andalucía que está actualmente administrado en base a sus ocho territorios debe contar con una única sede judicial para determinados asuntos y pleitos? ¿En base a qué política o razones de equidad debe obligarse a un onubense, a un almeriense o a un giennense a trasladarse a Granada cada vez que el peso de la Audiencia caiga sobre él?

Cabría recordar que la Real Audiencia y Chancillería de Granada comenzó a existir en 1505, cuando, por orden de Isabel I, fue arrebatada a Ciudad Real, [1]. Por ese motivo, y por los sucesivos ordenamientos de reparto y ordenación judiciales ocurridos durante el paso de los tiempos, es por lo que hoy, y recogido dentro del Estatuto de Autonomía vigente, Granada ostenta la sede del TSJA. Así comprobaremos, que no es porque los granadinos seamos más listos, más guapos o más inteligentes que los demás, si no por una Real Orden de 1505 por lo que “disfrutamos” de una sede judicial que bien podría estar ahora en cualquier otro lugar.

Durante este último año, los granadinos hemos sido testigos y protagonistas de diversas reivindicaciones que han desembocado en manifestaciones multitudinarias. La defensa de “dos hospitales completos” ha marcado un antes y un después en este fenómeno social que, en algunas ocasiones y en el que ahora nos ocupa, cuenta con el apoyo masivo de partidos y personas que no dudan en sostener en el poder a gobiernos que privatizan la sanidad y el resto de los Servicios Públicos. Otro tanto sucede con la reivindicación de la capitalidad judicial, pero no cuando se reivindica el muy necesario final del aislamiento ferroviario de nuestra ciudad y su territorio.

Favorecer y apuntarse a determinadas reivindicaciones “porque sí”, para no quedar fuera de la foto y sin reflexionar por qué se producen y a qué intereses favorecen esas movilizaciones no es muy edificante ni tan siquiera serio. Es por ello que, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), sindicato de izquierdas, andaluz, solidario y a pie de tajo analizamos cada una de ellas y, en función de este análisis y de la decisión adoptada por nuestras asambleas, actuamos en consecuencia. Desde el SAT entendemos que nuestra primera obligación como sindicalistas -empeñados en cambiar esta sociedad en que vivimos para conseguir las aspiraciones de justicia, trabajo y dignidad que demanda el pueblo andaluz- es la de conocer la realidad. Esta realidad nos muestra cómo muchos de aquellos que pusieron el grito en el cielo cuando, con la llegada de la Democracia, se crearon las diversas Universidades Andaluzas con la excusa de que se robaba a Granada su hegemonía universitaria en la Alta Andalucía (la Andalucía Oriental dirían ellos) ahora claman por un TSJA con todas las salas aquí, o defienden el mantenimiento de dos hospitales, los mismos que ellos privatizarían sin pestañear.

En el SAT conocemos muy bien cómo es aquello de “hacer el paseíllo” por Plaza Nueva y cruzar el umbral de la Chancillería para responder ante los magistrados a causa de luchar por la justicia social. Sabemos y padecemos las precariedades de los ocho juzgados de lo Social que existen en la provincia; sufrimos, como cualquier trabajador, los golpes de una justica viciada, politizada y falta de medios que no suele tratar por igual a ricos y a trabajadores.

Acompañar y tocar las palmas en campañas orquestadas por los elementos, partidos e instituciones más rancios, irracionales y conservadores de nuestra Granada, sólo conducen al “Sevilla nos roba” y otras zarandajas que no es otra cosa que la expresión histórica de la insolidaridad que siempre ha servido de excusa a gobernantes y burguesía granadina para justificar todos los males que nos aquejan y que suelen ser responsabilidad de ellos.

Del mismo modo que analizamos, debatimos, hicimos pública nuestra postura y participamos en las reivindicaciones por los “dos hospitales completos” en aras de la defensa de una Sanidad Pública andaluza y digna, ahora, desde el SAT, nos manifestamos públicamente diciendo que jamás nos van a encontrar en una manifestación que defienda exclusivamente la capitalidad judicial de Granada. Por cierto, tampoco estaría mal que aquellos que llaman a la ciudadanía a manifestarse en defensa de sus intereses particulares explicaran a los ciudadanos que, desde hace muchos años, existen salas de lo Penal y de lo Contencioso – Administrativo fuera de Granada y de su TSJA. Esto, obviamente, no lo van a hacer, pues ellos mismos firmaron sin rechistar la creación de estas salsas.

 

Paco Cabello

Portavoz Territorial del SAT de Granada

[1] La reina Isabel ordenó crear la Real Audiencia y Chancillería, el Tribunal Supremo de la época, con dos salas: una al norte del Tajo, en Valladolid, y otra al sur del rio, en Ciudad Real. En 1505, `pocos años después de la conquista del Reino de Granada, ordenó trasladar la sede de Ciudad Real a Granada, dada la relevancia otorgada por Castilla a la capital del reino conquistado y por el numerosísimo volumen de asuntos judiciales que se daban allí.

Nuevas tablas salariales VI convenio de la Dependencia.

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El Boletín Oficial del Estado de fecha martes 16 de mayo de 2917 (BOE nº 116, sección III, pag. 40468) publica las tablas salariales para el VI Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

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El SAT presenta su Guía Laboral para el sector del Campo.

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A partir del próximo lunes 8 de mayo se encontrará disponible en todas las Uniones Locales del SAT de Granada la Guía Laboral para el Sector del Campo. Con un formato didáctico y con contenidos sencillos, la presente guía contiene nociones de derecho laboral básico y todo lo necesario para enfrentar las relaciones laborales en un sector tremendamente precarizado y donde los empresarios agrícolas “campan por sus respetos”. El manual también contiene el convenio vigente y una serie de recomendaciones útiles. La guía ha sido elaborada por la secretarías Jurídica y de Acción Sindical del SAT Granada y financiada por la Fundación Rosa Luxemburgo de Bruselas.

A continuación disponéis de la guía en PDF para descargarla desde el blog del SAT.

Guía del Campo Granada 2017

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