81 aniversario del asesinato de Blas Infante

81 aniversario del asesinato de Blas Infante

Un día como hoy, hace ochenta y un años, era asesinado en la carretera de Carmona a Sevilla (a la altura del cortijo del “la Gota de Leche”) Blas Infante, incansable luchador y militante por la soberanía de su tierra y padre de la patria andaluza. Unos pocos días después del mismo 1936 era liquidado Federico García Lorca por los esbirros del mismo feroz despotismo.

Al entrar en la vieja Facultad de Derecho de Granada por la puerta de la plaza de la Universidad, puede observarse a la izquierda una placa donde se recuerda que Blas Infante cursó y aprobó sus estudios en esta facultad. En ese mismo edifico (utilizado en 1936 como sede del Gobierno Civil) estuvo detenido, hasta ser conducido a Víznar para su ejecución, Federico García Lorca. Ambos fueron vilmente asesinados con sólo 9 días de diferencia. y con sendas balas pretendieron callar sus voces cargadas de justicia, razón y esperanza. Los crueles asesinos segaron la vida de ambos, pero hicieron inmortales sus palabras y pensamientos aunque al día de hoy sigamos ignorando el paradero de sus restos y de las fosas en que fueron enterrados.

Blas Infante placa

Junto con Blas y Federico decenas de miles de andaluces y andaluzas fueron asesinados a partir del 19 de julio de 1936 en cuarteles, tapias y cunetas de toda Andalucía;  mientras que otros centenares de miles fueron represaliados y desposeídos de sus más básicos derechos como ciudadanos.

Hoy, cuando se cumplen ochenta y un años del asesinato de Blas Infante, el nombre de uno de sus asesinos sigue intitulando un colegio público en Peñaflor (Sevilla), pero el Estado Español se niega a revocar la sentencia condenatoria (dictada tras su muerte sin juicio) que pesa sobre el recuerdo del padre de la patria andaluza. Del mismo modo, decenas de miles de fusilados, “desaparecidos” y represaliados junto a sus familias siguen siendo ignorados y condenados por el silencio cómplice de los gobernantes.

Hoy, diez de agosto, es nuestro deber poner en valor sus ideas y hacer imperecedera la llama del recuerdo de Blas Infante, uno más de los desaparecidos a manos del fascismo español. Del mismo modo, hoy es el mejor día para estar al lado de las miles de familias del resto de víctimas condenadas al ostracismo, y de exigir que se haga justicia con ellos definitivamente. En su recuerdo, en el de Federico, en el de Blas Infante Pérez, exigimos Verdad, Justicia y Reparación.

Sindicato Andaluz de Trabajadores /as.

Unión Territorial de Granada

 

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS, CONVENIOS COLECTIVOS Y JURISPRUDENCIA

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Enrique Villalobos

Asesoría Jurídica SAT Granada

Un trabajador fijo discontinuo es aquel contratado con carácter indefinido ya que desarrolla actividades permanentes dentro del ciclo productivo de la empresa, pero que se dan de manera discontinua, es decir, lleva a cabo funciones que se repiten en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo.

Las características típicas de este tipo de contrato son la estabilidad en el empleo, períodos de no actividad y derecho al llamamiento cuando se reanude la actividad.1

Sin embargo, en la práctica se cometen numerosos fraudes de ley al utilizar contratación temporal para llevar a cabo actividades laborales que deben ser cubiertas mediante la figura del fijo discontinuo. Es muy frecuente, por ejemplo, que las empresas utilicen un contrato de obra y servicio para contratar a un peón agrícola o para un profesor de esquí en la temporada de invierno.

Nuestros tribunales han estudiado numerosos casos derivados de esta problemática. Por ejemplo, en la STS Sala de lo Social de 18 de septiembre de 2012 (rcud. 3880/2012) se analizó y resolvió que un peón que prestó sus servicios para CETURSA desde 2008 hasta 2011 en distintos períodos acreditados de trabajo, sumando un total de 327 días de cotización y contratado mediante contratos de obra y servicio determinado, realmente era un trabajador fijo-discontinuo y que no había fin de contrato sino despido improcedente.

En efecto, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sentenció que “la relación laboral examinada era fija discontinua porque la actividad se repetía en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y con una cierta homogeneidad, respondía a las necesidades normales, habituales y permanentes de la demandada durante la temporada de esquí, de forma que tal actividad no podía cubrirse con contratos temporales porque no había limitación temporal del servicio o la obra, sino reiteración en el tiempo, de forma permanente, de las tareas en determinados períodos que se repiten todos los años, aunque no en las mismas fechas”.

En la STS 5072/2016 Sentencia 5072 Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Nº de recurso 3826/2015), la esencia de la cuestión a resolver era “determinar si una trabajadora que había venido prestando servicios durante varias campañas consecutivas en la actividad de recolección de cítricos puede considerarse fija discontinua y, por tanto, si el cese ordenado por la empresa puede ser considerado como un despido y no como una finalización de contrato” resolviendo que “la actividad de peón en la recolección de cítricos responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa durante la campaña agrícola de recolección de la fruta y no puede cubrirse a través del contrato eventual porque la misma no responde a necesidades extraordinarias por circunstancias de producción temporalmente limitadas, ni tampoco puede atenderse mediante contratos de obra o servicio determinados, porque no hay limitación temporal de la obra o servicio, sino reiteración en el tiempo de forma permanente de las tareas determinados períodos que se repiten todos los años, aunque no en las mismas fechas.

De ello se deduce que la naturaleza del contrato que liga a la actora con la demandada es la de indefinida fija discontinua”.

Hay ciertos convenios que a la hora de regular la figura del fijo-discontinuo incurren en error. Por ejemplo el Convenio Colectivo provincial de trabajo en el campo de Almería establece que adquirirán la condición de fijos-discontinuos “los trabajadores que presten sus servicios para una misma empresa durante dos campañas consecutivas o tres alternas, con un promedio de 180 días trabajados cada campaña, siempre que en dicha campaña no se produzca una interrupción de la relación laboral superior a treinta días, adquiriendo dicha condición al inicio de la siguiente campaña”.

En la segunda sentencia expuesta anteriormente, el TS establece que “tal cláusula no respeta el presupuesto objetivo del contrato fijo discontinuo tal como establece el art. 15.8 del ET ya que condiciona la adquisición de dicha condición a la prestación de servicios en varias campañas, bajo no se sabe que modalidad contractual, eludiendo la configuración legal del contrato en cuestión; y constituyendo, consecuentemente, un claro supuesto de regulación convencional contra legem, vedado en nuestro ordenamiento jurídico por los artículos 3 y 82 del ET”, recordando que un convenio colectivo “no puede establecer condicionamientos no previstos en la ley para la adquisición de la condición de fijos discontinuos, ni exigencias de permanencia previa en la empresa para adquirir tal condición en supuestos en los que la actividad contratada es, desde su principio, una actividad claramente estacional cíclica y permanente”.

En resumen, cualquier actividad que se repita en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y con una cierta homogeneidad, respondiendo a necesidades permanentes y habituales de la empresa, debe ser contratada a través de la modalidad de fijo discontinuo y cualquier cláusula establecida en un convenio colectivo que establezca requisitos de permanencia previa o condicionamientos que no se encuentran en la ley para ser fijo-discontinuo podrán ser impugnadas al ir contra lo establecido legalmente.

Desde el SAT animamos a todos los compañeros y trabajadores que constaten que en sus convenios figuran plazos o restricciones para los trabajadores fijos-discontinuos a que lo pongan en conocimiento del sindicato para que adaptemos las medidas oportunas para acabar con estas ilegalidades.

1Memento Social 2017, Francis Lefebre, nº marginal 9063.

 

Sobre las manifestaciones por la capitalidad judicial de Granada.

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Hace pocas fechas fuimos testigos en Granada de una multitudinaria manifestación que reclamaba, más allá de la “capitalidad judicial” en Andalucía que recoge el Estatuto de Autonomía, la exigencia de que las nuevas salas que se crearán dentro del Superior de Justicia de Andalucía no tengan sede ni en Málaga ni en Sevilla.

Que estas manifestaciones se produzcan y que determinados colectivos hagan públicas sus exigencias entra dentro de la normalidad, lo que no es óbice para que nos sorprenda el ahínco y tesón que han puesto numerosas entidades y fuerzas políticas que se dicen de izquierda y progresistas en la reivindicación de la exclusividad en capitalidad judicial y de “salir en la foto” para no quedar empero rezagados en el viaje a ninguna parte que conlleva y significa este tipo de reivindicaciones.

¿En qué favorece a los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos de Granada ostentar esa “exclusividad “en la capitalidad judicial andaluza? ¿Acaso es progresista obligar a los malagueños y a los sevillanos a trasladarse obligatoriamente a nuestra ciudad para solventar cualquier asunto propio del TSJA? ¿Por qué narices un país como Andalucía que está actualmente administrado en base a sus ocho territorios debe contar con una única sede judicial para determinados asuntos y pleitos? ¿En base a qué política o razones de equidad debe obligarse a un onubense, a un almeriense o a un giennense a trasladarse a Granada cada vez que el peso de la Audiencia caiga sobre él?

Cabría recordar que la Real Audiencia y Chancillería de Granada comenzó a existir en 1505, cuando, por orden de Isabel I, fue arrebatada a Ciudad Real, [1]. Por ese motivo, y por los sucesivos ordenamientos de reparto y ordenación judiciales ocurridos durante el paso de los tiempos, es por lo que hoy, y recogido dentro del Estatuto de Autonomía vigente, Granada ostenta la sede del TSJA. Así comprobaremos, que no es porque los granadinos seamos más listos, más guapos o más inteligentes que los demás, si no por una Real Orden de 1505 por lo que “disfrutamos” de una sede judicial que bien podría estar ahora en cualquier otro lugar.

Durante este último año, los granadinos hemos sido testigos y protagonistas de diversas reivindicaciones que han desembocado en manifestaciones multitudinarias. La defensa de “dos hospitales completos” ha marcado un antes y un después en este fenómeno social que, en algunas ocasiones y en el que ahora nos ocupa, cuenta con el apoyo masivo de partidos y personas que no dudan en sostener en el poder a gobiernos que privatizan la sanidad y el resto de los Servicios Públicos. Otro tanto sucede con la reivindicación de la capitalidad judicial, pero no cuando se reivindica el muy necesario final del aislamiento ferroviario de nuestra ciudad y su territorio.

Favorecer y apuntarse a determinadas reivindicaciones “porque sí”, para no quedar fuera de la foto y sin reflexionar por qué se producen y a qué intereses favorecen esas movilizaciones no es muy edificante ni tan siquiera serio. Es por ello que, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), sindicato de izquierdas, andaluz, solidario y a pie de tajo analizamos cada una de ellas y, en función de este análisis y de la decisión adoptada por nuestras asambleas, actuamos en consecuencia. Desde el SAT entendemos que nuestra primera obligación como sindicalistas -empeñados en cambiar esta sociedad en que vivimos para conseguir las aspiraciones de justicia, trabajo y dignidad que demanda el pueblo andaluz- es la de conocer la realidad. Esta realidad nos muestra cómo muchos de aquellos que pusieron el grito en el cielo cuando, con la llegada de la Democracia, se crearon las diversas Universidades Andaluzas con la excusa de que se robaba a Granada su hegemonía universitaria en la Alta Andalucía (la Andalucía Oriental dirían ellos) ahora claman por un TSJA con todas las salas aquí, o defienden el mantenimiento de dos hospitales, los mismos que ellos privatizarían sin pestañear.

En el SAT conocemos muy bien cómo es aquello de “hacer el paseíllo” por Plaza Nueva y cruzar el umbral de la Chancillería para responder ante los magistrados a causa de luchar por la justicia social. Sabemos y padecemos las precariedades de los ocho juzgados de lo Social que existen en la provincia; sufrimos, como cualquier trabajador, los golpes de una justica viciada, politizada y falta de medios que no suele tratar por igual a ricos y a trabajadores.

Acompañar y tocar las palmas en campañas orquestadas por los elementos, partidos e instituciones más rancios, irracionales y conservadores de nuestra Granada, sólo conducen al “Sevilla nos roba” y otras zarandajas que no es otra cosa que la expresión histórica de la insolidaridad que siempre ha servido de excusa a gobernantes y burguesía granadina para justificar todos los males que nos aquejan y que suelen ser responsabilidad de ellos.

Del mismo modo que analizamos, debatimos, hicimos pública nuestra postura y participamos en las reivindicaciones por los “dos hospitales completos” en aras de la defensa de una Sanidad Pública andaluza y digna, ahora, desde el SAT, nos manifestamos públicamente diciendo que jamás nos van a encontrar en una manifestación que defienda exclusivamente la capitalidad judicial de Granada. Por cierto, tampoco estaría mal que aquellos que llaman a la ciudadanía a manifestarse en defensa de sus intereses particulares explicaran a los ciudadanos que, desde hace muchos años, existen salas de lo Penal y de lo Contencioso – Administrativo fuera de Granada y de su TSJA. Esto, obviamente, no lo van a hacer, pues ellos mismos firmaron sin rechistar la creación de estas salsas.

 

Paco Cabello

Portavoz Territorial del SAT de Granada

[1] La reina Isabel ordenó crear la Real Audiencia y Chancillería, el Tribunal Supremo de la época, con dos salas: una al norte del Tajo, en Valladolid, y otra al sur del rio, en Ciudad Real. En 1505, `pocos años después de la conquista del Reino de Granada, ordenó trasladar la sede de Ciudad Real a Granada, dada la relevancia otorgada por Castilla a la capital del reino conquistado y por el numerosísimo volumen de asuntos judiciales que se daban allí.

Nuevas tablas salariales VI convenio de la Dependencia.

Nuevas tablas salariales VI convenio de la Dependencia.

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El Boletín Oficial del Estado de fecha martes 16 de mayo de 2917 (BOE nº 116, sección III, pag. 40468) publica las tablas salariales para el VI Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

Asistencia a domicilio tablas salariales 2015, 16, 17

El SAT presenta su Guía Laboral para el sector del Campo.

El SAT presenta su Guía Laboral para el sector del Campo.

A partir del próximo lunes 8 de mayo se encontrará disponible en todas las Uniones Locales del SAT de Granada la Guía Laboral para el Sector del Campo. Con un formato didáctico y con contenidos sencillos, la presente guía contiene nociones de derecho laboral básico y todo lo necesario para enfrentar las relaciones laborales en un sector tremendamente precarizado y donde los empresarios agrícolas “campan por sus respetos”. El manual también contiene el convenio vigente y una serie de recomendaciones útiles. La guía ha sido elaborada por la secretarías Jurídica y de Acción Sindical del SAT Granada y financiada por la Fundación Rosa Luxemburgo de Bruselas.

A continuación disponéis de la guía en PDF para descargarla desde el blog del SAT.

Guía del Campo Granada 2017

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Manifiesto del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ante el 1º de Mayo.

Manifiesto del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ante el 1º de Mayo.

EL SAT ANTE EL 1º DE MAYO.

Un año más conmemoramos la efeméride del 1º de Mayo asediados por los recortes y negación de nuestros derechos laborales y sociales. Ya sea desde el gobierno europeo, desde Madrid o desde la Junta de Andalucía, vemos como se nos quiere privar de todo aquello que nos costó años de reivindicación y lucha obrera para entregarnos, atados de pies y manos, ante el Capital.
Los gobiernos nos recortan, los empresarios no cumplen las leyes laborales; el Mercado nos niega la posibilidad de disponer de los servicios sociales básicos, de una vivienda, de un trabajo, de unos suministros…Cada día se ataca a la Clase Trabajadora con más inquina y con una legislación antiobrera y todo ello para aumentar los beneficios de corruptos y capitalistas.
También nos recortan las libertades, el Derecho de Reunión, la Libertad de Expresión… encarcelando a nuestros compañeros ANDRÉS BÓDALO y FRAN MOLERO por luchar por los derechos de los trabajadores/as y a cuantos osen alzar la voz contra la injusticia permanente que padecemos.
El colmo de la vergüenza es cómo se niega a millones de trabajadores migrantes la libertad de poder trabajar y de huir de la miseria ya sea en las fronteras del Mar Egeo o en el Estrecho de Gibraltar.
Desde Andalucía vamos a gritar fuerte y claro contra la miseria y la derrota cotidiana en que quieren sumirnos. El SAT ha apostado por participar el próximo 27 de Mayo en Madrid en las Marchas de la Dignidad, por recorrer este verano las carreteras y caminos de nuestra tierra en una lucha permanente por defender nuestra dignidad y por conmemorar el próximo 4 de diciembre con una movilización ciudadana masiva que, cuarenta años después de emblemática fecha, marque el punto de inflexión en lucha de las andaluzas y andaluces por nuestra plena soberanía.
¡ POR LA RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES!
¡ LIBERTAD PARA ANDRÉS BÓDALO, FRAN MOLERO Y TODOS/AS LOS REPRESALIADOS POR LUCHAR POR LA JUSTICIA SOCIAL!
¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYO !

Acerca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias.

Acerca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias.

ACERCA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO, MENTIRAS Y POLÍTICAS NEOLIBERALES.

Enrique Villalobos.

De la asesoría laboral del SAT Granada

En las últimas semanas nos hemos levantado con la noticia de que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las empresas no están obligadas a llevar a cabo el registro diario de la jornada de trabajo de sus asalariados.

Han sido numerosos los medios que, a través de grandes titulares, han querido difundir (incluso con ciertas dosis de celebración) esta idea, como un triunfo neoliberal en el que la libertad empresarial sale victoriosa.

Como ejemplos podemos citar los titulares de los siguientes medios:

Periódico 20 minutos (5/4/17): “LAS EMPRESAS NO ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR UN REGISTRO DE LA JORNADA DIARIA DE LA PLANTILLA. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia, en la que señala que esa obligación no existe “por ahora””.

Cadena Ser (11/04/17): “LA JUSTICIA ELIMINA LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LA JORNADA LABORAL. CONFAES valora de forma positiva la decisión que anula la obligación de las empresas de llevar a cabo un sistema que registre diariamente la jornada laboral de sus trabajadores”.

Aclarar que CONFAES es la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos.

Cinco Días (5/4/17): “LAS EMPRESAS NO ESTÁN OBLIGADAS A REGISTRAR LA JORNADA DIARIA DE SU PLANTILLA”.

Voz Populi (5/4/17): “EL SUPREMO EXIME A LAS EMPRESAS DE REGISTRAR LA JORNADA DE SUS TRABAJADORES.”

Como vemos, existe una tendencia clara y generalizada en la mayoría de los medios y es dar a entender al trabajador que su empresa no incumple la legislación laboral si no lleva a cabo el registro de jornada. Pero, ¿de verdad ha dicho esto el Tribunal Supremo o es una nueva estrategia comunicativa elaborada por la patronal para instalar en el imaginario colectivo laboral la idea de que no es ilegal que la empresa no registre la jornada de trabajo?

Si analizamos la sentencia, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que las empresas no tienen obligación de establecer registros diarios de jornada con aquellos trabajadores contratados a jornada completa ( 40 horas semanales) que no realicen horas extras, pero las empresas si están obligadas a registrar día por día la jornada de aquellos trabajadores contratados a tiempo parcial y de aquellos trabajadores que, aún estando contratados a jornada completa, realicen horas extras.

Horas Extras - Erlich

¿Y esto por qué? Pues porque el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores establece que “ la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”

Y el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que “a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El registro de jornada no es un asunto baladí (y eso las empresas lo saben muy bien, de ahí la campaña que han llevado los medios de comunicación y organizaciones empresariales a raíz de la sentencia del T. Supremo), ya que puede ser clave a la hora de probar la jornada realizada por el trabajador y, por tanto, prueba de horas extras.

En nuestra provincia lo saben bien los trabajadores de la hostelería, con contratos a tiempo parcial y jornadas semanales que rondan las 50/60 horas. Es muy frecuente la práctica empresarial de dar registros de jornada falseados a los empleados para que los firmen, por lo que cada trabajador tiene que ser muy consciente de que nunca debe firmar un registro de jornada que no se corresponda con la realidad, ya que a efectos de una futura reclamación de sus derechos esto puede ser determinante.

A modo de conclusión, pelear siempre por establecer en cada centro de trabajo un registro de jornada efectivo y que refleje la realidad de las jornadas realizadas, rebelándose ante aquellos empresarios que intentan dar gato por liebre con partes diarios de trabajo falseados, y siendo conscientes de que todo empresario que tiene contratados a trabajadores a jornada parcial o trabajadores que realizan horas extras, tiene la obligación de llevar el control diario de sus jornadas.