Despedido el delegado del SAT en la UTE Ferrovial-Althea.

Despedido el delegado del SAT en la UTE Ferrovial-Althea.

 

El delegado de la sección sindical  del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en la Unión Temporal de Empresas (UTE) FERROVIAL-ALTHEA  ha sido despedido con fecha 16 de junio debido a su actividad sindical.

Después de no haber recibido ni una sola amonestación durante el trabajo desempeñado desde años atrás para la empresa encargada del mantenimiento y reparación de la maquinaria de electromedicina en los dos hospitales granadinos (Parque Tecnológico de la Salud y Virgen de las Nieves), nuestro compañero Ismael García, ha sido despedido de forma fulminante. ¿El motivo? Su actividad sindical.

El trabajo del compañero no había sido objeto de ninguna queja, advertencia ni sanción por parte de la empresa desde el año 2018 en que se incorporó al trabajo. Ahora, cuando, tras la creación de la sección sindical del SAT en la empresa, la presentación de varias quejas a la empresa por el incumplimiento del convenio colectivo, la intervención de la Inspección de Trabajo y la presentación del preaviso de elecciones sindicales, la dirección de UTE – Ferrovial-ALTHEA ha entregado una carta de despido a nuestro compañero en la que, sorprendentemente, le acusa de numerosas faltas en su trabajo en los últimos veinte días (todas ellas falsas).

Para el SAT, el despido de nuestro delegado, justo cuando se ha presentado el preaviso de elecciones sindicales para los trabajadores de la contrata UTR Ferrovial- ALTHEA deja muy clara la actitud represiva y antisindical del monstruo empresarial que gestiona los servicios ante señalados en los hospitales granadinos.

Ferrovial

Desde el SAT se tiene muy claro que el compañero Ismael García va a recuperar su puesto de trabajo y ya se están preparando las acciones solidarias y demandas judiciales que van a conseguir la readmisión del delegado despedido. Para comenzar, la sección sindical del SAT en en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves y sus delegados en el comité de empresa y la propia sección, ya han hecho pública su solidaridad con el compañero.

Del mismo modo, desde el SAT anunciamos que las elecciones van a celebrarse a partir de la fecha señalada en el preaviso y que en las mismas va a participar nuestro compañero.

SAT Granada.

Unión Territorial.

libretad sindical

LA FUNDAMENTAL DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ANDALUZA.

LA FUNDAMENTAL DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ANDALUZA.

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Este sábado 20 de junio en toda Andalucía y el Estado Español se va a sentir una inmensa ola reivindicativa y de Solidaridad con la Sanidad Pública. Plataformas de trabajadores y usuarios, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, etc. inundarán las calles para exigir que cese el progresivo y calculado desde años atrás desmantelamiento de un servicio público esencial que es propiedad y valor común de todas las ciudadanas y ciudadanos.

La historia del asentamiento y desarrollo de la Sanidad Pública en Andalucía tiene su propio recorrido y, aunque actualmente sufrimos el gobierno del “trifachito” (PP, Cs y Vox), no es menos cierto que aquellos que contribuyeron al asentamiento e implantación de la Sanidad Pública en Andalucía, llegado un punto, fueron los mismos que comenzaron y siguieron contribuyendo a su desmantelamiento. Como en toda la historia reciente de Andalucía los que han gobernado la Junta durante los últimos cuarenta años, han sepultado las esperanzas de autogobierno y de desarrollo de los andaluces y andaluzas. El PSOE ha sido, pues, el elemento que ha negado y frenado el real autogobierno andaluz para supeditarlo a los intereses del Estado español y, como no podría ser de otra manera, el mismo agente fundamental que sepultó un proyecto sanitario igualitario, universal y genuinamente nuestro.

Las cosas tienen un comienzo, incluso una prehistoria. La Junta de Andalucía recibió las transferencias sanitarias en 1984. Dos años más tarde, nace el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al amparo de la Ley General de Sanidad del 86  -fundamento indiscutido durante décadas de la arquitectura del Sistema Nacional de Salud-, que dio en términos prácticos carta de naturaleza a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, todo un programa de formateo profesional al servicio de la idea de un sistema sanitario público, universal y de acceso gratuito, en el que la clave iba a ser la Atención Primaria. Se suele obviar, pero lo que recibieron las nacionalidades históricas y entre ellas Andalucía – en virtud a su original acceso a la autonomía plena; las que accedieron por el artículo 143 esperaron al cambio de siglo- fue un conglomerado heterogéneo de recursos cuyo núcleo central lo constituían los restos de la política social del último franquismo. Básicamente, hospitales concentrados en las capitales de provincia.

Primero, hubo que homogeneizar recursos tan dispares en su origen y en sus funciones como las casas de socorro municipales, los hospitales y manicomios de las diputaciones, los centros universitarios, los del Seguro Obligatorio de Enfermedad y los dispositivos vinculados a organizaciones solidarias, la mayoría ligadas institucionalmente a la Iglesia católica. Aquello no iba de ponerle el mismo letrero a todos los edificios: había que crear una cultura común sin hacer saltar demasiadas chispas entre el personal, integrado por empleados, cada uno, ideológica, funcional y administrativamente, de su padre y de su madre. Todo ello en un contexto social en el que la medicina aún se entendía como una profesión liberal, cuyo ejercicio privado se complementaba, por razones éticas, de mercado o de ambos tipos, con echar unas horas viendo pacientes del seguro o de la beneficencia.

La primera reforma de gran calado que hubo de acometer la Sanidad Pública Andaluza se centró en el desarrollo de la Atención Primaria, que llevó a los pueblos andaluces recursos asistenciales que sólo se habían entendido hasta entonces como propios de las capitales de provincia, y los dotó del respaldo de una red, nueva o remozada, de hospitales comarcales. En las decisiones de ubicación de esos centros no siempre fue el primer criterio el de la necesidad asistencial y, con el tiempo, se han pagado esos errores. Esa reforma que puso en el mapa a la Medicina de Familia, a la Enfermería Comunitaria y a los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP) iba a culminar en 1992, pero el plazo se estiró hasta difuminarse como icono programático hacia el final de los 90. A partir de ahí las reformas e implantación de la Sanidad pública Andaluza quedaron en suspenso y los distintos gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz abrazaron en gran medida y en muchos aspectos las políticas neo-liberales “de moda” para proceder a recortar y desmantelar lo que nunca llegó a implantarse plenamente. Y de aquellos barros vienen estos lodos…

Las decidas políticas privatizadoras de los gobiernos del PP en materia sanitaria han influido en cierta manera en el desarrollo de la Sanidad Pública Andaluza, pero nunca de una manera excepcional ni decisiva, dado el alto grado – por no decir total- de transferencias en materia sanitaria de las que han sido depositarios los gobiernos autónomos de nuestra tierra.

Sanidad Pública

Por ello es imprescindible decir hoy, en el año 2020, que de la misma manera que las esperanzas políticas del pueblo andaluz fueron refrenadas y truncadas por los gobiernos de la Junta, la Sanidad Pública Andaluza ha corrido en paralelo en cuanto a sus limitaciones y siempre vinculada a la voluntad política de quienes nos han gobernado y nos han mantenido inmersos en un sistema cuasi colonial.

Como ejemplo valga lo acontecido en una de las comisiones parlamentarias del Parlamento de Andalucía en las que el diputado Juan Manuel Sánchez Gordillo, acusaba a la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, – hoy ministra de hacienda – de connivencia con los intereses del capitalismo por permitir que, en Málaga, el número de camas hospitalarias de titularidad privada casi superase la cifra de las de titularidad pública. Montero respondió a nuestro compañero que la sanidad privada es una riqueza, porque aporta empresas y empleo; y una aliada, porque su actividad permite aliviar la presión sobre el sistema público. Últimamente, las organizaciones corporativas de la sanidad privada insisten en reivindicar su pertenencia, de hecho, al Sistema Nacional de Salud.

Hoy, con el PP gobernando Andalucía, nadie puede dudar que el desmantelamiento y la privatización de nuestra sanidad va a seguir produciéndose a una alta velocidad si entre todos no le ponemos freno y remedio.

Es por ello que desde le Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos aportar esta visión en clave andaluza de la defensa de la Sanidad Pública.

En tanto en cuanto los andaluces y andaluzas podamos encauzar nuestra senda dentro de un proyecto nacional andaluz, podremos hacer fuertes e intocables nuestros muy necesarios servicios públicos fundamentales.

Por ello, este 20 de junio acudiremos a la concentración en Granada a las 12’00 horas en La Caleta, en defensa de la Sanidad Pública, Gratuita, Universal y…ANDALUZA.

Paco Cabello.

Portavoz Territorial del SAT de Granada.

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

Sanidad andaluza

Comunicado sanidad covid-19

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a las autoridades sanitarias y a la población con el siguiente comunicado:

La pandemia por el Covid‐19 ha puesto en cuestión las políticas de salud pública que se han practicado en los últimos años. Los recortes y las privatizaciones realizadas han generado un verdadero problema social y de salud, con servicios sanitarios saturados, al borde del colapso de sus profesionales, que han soportado el impacto de la epidemia en nuestro país con más de 31.000 profesionales afectados (alrededor del 22% en Andalucía). En estos momentos el consenso social está manifestando la necesidad de reforzar los servicios públicos, en particular una sanidad pública universal y de calidad.

Se ha puesto de manifiesto la dependencia económica que la globalización ha instalado en nuestra economía. Ha resultado increíble que hayamos dependido de la industria China para la provisión de mascarillas, EPIs, test diagnósticos y respiradores. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro país, junto con las comunidades autónomas, ha de tener planes de contingencia, previsiones para una provisión garantizada de los bienes esenciales en caso de necesidad, para escenarios de pandemias o catástrofes que pudieran darse.

De alarmante puede calificarse el número de fallecidos en residencias de mayores por covid‐19 o con síntomas compatibles, alcanzando estos días la cifra de más de 13.600, es decir, alrededor del 67% del total de fallecidos. Está en duda la capacidad de respuesta en una raquítica estructura de los servicios sociales y sociosanitarios, descoordinados, privatizados en un 90% tanto en los servicios de apoyo a domicilio, Residencias o Geriátricos. La crisis económica anterior y el sistema de conciertos y subvenciones han determinado una precariedad en medios y en personal que han perjudicado la calidad de vida y asistencial en las residencias. No hay que olvidar que la política de contratación en sanidad, mediante contratos de corta duración, perjudica tanto a los profesionales como al correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Queremos resaltar y aplaudir, como cada día realiza toda la ciudadanía, el esfuerzo y la entrega personal de todos los profesionales sanitarios que están junto a otros ciudadanos en la primera línea de combate contra la pandemia. El contexto donde están realizando su trabajo no es el más idóneo ni para preservar su salud ni la de la ciudadanía: falta de equipos de protección, de test diagnósticos, de respiradores, ausencia de sustituciones, contratos precarios, déficit de personal (9.1 sanitarios por cada mil habitantes frente a la media europea de 11.9).

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas que son exigibles a las autoridades sanitarias tanto en el presente como en el futuro más inmediato:

1‐ La retirada de la prohibición de denunciar públicamente la situación que se vive en los centros sanitarios. Es inadmisible que en una de las comunidades con mayor personal sanitario contagiado no se pueda denunciar la situación que da lugar a tal hecho.

2‐ Mejorar los mecanismos de coordinación y gobierno del Sistema Nacional de salud, redefiniendo las competencias de estado y de autonomías y asignando al consejo interterritorial de sanidad un papel más determinante en las tares de planificación sanitaria y de coordinación ejecutiva y en contextos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo.
3‐ Mejoras de las condiciones laborales y de prevención de riesgos, de todos los profesionales en el ámbito sociosanitario, desde los servicios sanitarios hasta las residencias de mayores y los servicios de atención domiciliaria, pasando por los celadores, personal de Lencería y lavandería, personal de cocina, personal de mantenimiento y el personal de limpieza. Más contratos estables para una mayor estabilidad de nuestra sanidad pública. Cuidemos a nuestros profesionales

4‐ En la nueva fase de abordaje de la pandemia es necesario un modelo de respuesta más comunitaria desarrollando las siguientes medidas:

Reforzar la red de atención primaria, salud mental comunitaria y los servicios sociales de ayuntamientos, reconociéndoles como esenciales, para facilitar el trabajo en los centros y a domicilio en la detección de nuevos casos, personas inmunizadas, garantizando el seguimiento y el aislamiento preventivo de las personas de riesgo. Apoyamos la idea de hoteles medicalizados para personas infectadas que no tengan condiciones mínimas domiciliarias para la cuarentena.

Reforzar los servicios de atención telefónica coordinada que permita mejoras en la atención personalizada de personas en aislamiento soledad o desamparo.

Apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el duelo de las familias que no han podido despedir a sus familiares.

Ofrecer hostales o pisos vacíos disponibles para las familias sin hogar y en riesgo de exclusión, incluyendo la oferta de provisión de alimentos y bienes básicos, sin menoscabo de los derechos laborales de los y las empleadas de esos hoteles.

Articular de manera efectiva la renta mínima de emergencia.

Implicación y coordinación de los líderes comunitarios para mapear y llevar a cabo las acciones de intervención comunitaria.

Apertura progresiva y organizada de los espacios públicos para niños y niñas.

5‐ Es necesaria un plan de contingencias que aborde de manera prioritaria las ya desmesuradas listas de espera de personas para consultas de especialista, de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas.

6‐Revertir las externalizaciones de servicios así como los conciertos con hospitales privados, lo que ha provocado la disminución de la oferta de empleo público y más recortes en sanidad.

De esta crisis sanitaria, económica y social saldremos, si lo hacemos todos juntos, desde el bien común y con el objetivo de reforzar desde hoy mismo los servicios públicos.

SUSCRIBEN

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, USTEA, SAT, CGT, Amigos del centro de Salud del Albaicín, Ajuntamientos Albaicín, Ajuntamientos Centro‐Sagrario, STOP Desahucios, Granada Laica, AMPA del CEIP Gómez Moreno, USE, Podemos Granada, PCE, IZAR, Defender Granada, Círculo de Salud Podemos Granada.

LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR DELITO PENAL CONTRA CLECE S.A. Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR DELITO PENAL CONTRA 				CLECE S.A. Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

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La Fiscalía de Granada ha abierto Diligencias de Investigación Penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa encargada de la limpieza en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves de Granada, CLECE SA y todo ello a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

En la denuncia, presentada el 14 de de3 abril del 2020,a requerimiento del Sector de Limpieza y de los representantes de los trabajadores del SAT y en el comité de empresa de la Ciudad Sanitaria, se aprecian numerosos delitos de índole penal y se demanda de la Fiscalía Provincial que actúe en aras de conseguir la tutela jurídico-penal de la vida y la salud de los trabajadores que se confía, específicamente, en el Código Penal en sus artículos 316 y 317, a los que deben añadirse los artículos 142 y 152 del mismo Código, que penalizan el hecho de propiciar por imprudencia grave de muerte y lesiones. El Sindicato Andaluz también observa en su denuncia el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo que está contemplado dentro del Título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. La conducta perseguida por este delito viene recogida en el artículo 316 del Código Penal de la siguiente manera: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.”

Estos y otros extremos expresados en la denuncia hoy registrada, se manifiestan de manera reiterada en actuaciones por parte de la empresa CLECE SA que, desde el año 2014 viene negándose a realizar las labores de su competencia de limpiar y desinfectar la ropa de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, negativa que a raíz del desencadenamiento de la epidemia de COVID -19 adquiere una dramática actualidad poniendo en grave riesgo a los trabajadores de limpieza, al resto de trabajadores y a usuarios y familiares del Hospital.

En la misma denuncia se piden responsabilidades penales que competieran a los directivos y gerentes (SAS) del Servicio Andaluz de Salud Hospital en tanto en cuanto que la seguridad e higiene en el trabajo tienen el rango de principios rectores de la política social y económica y, por tanto, se obliga a los poderes públicos a velar por ellas (art. 40.2 de la Constitución Española -CE-).

Hoy, 7 de mayo de 2020, en oficio remitido desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma andaluza, se ha notificado al SAT la definitiva apertura de diligencias por delitos penales.

Granada, 7 de mayo del 2020.

Sector de Limpieza.

SAT Granada

Resistir, persistir..

EL SAT DENUNCIA A CLECE S.A. Y AL S.A.S. ANTE LA FISCALÍA POR SU PERMANENTE VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL SAT DENUNCIA A CLECE S.A. Y AL S.A.S. ANTE LA FISCALÍA POR SU PERMANENTE VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Fotos de ropa de trabajo embolsada y tirada en el suelo que CLECE, pese a las reiteradas órdenes de la Inspección de Trabajo, se niega a lavar y desinfectar. (Foto sección sindical del SAT)

 

El portavoz Territorial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha presentado hoy ante la Fiscalía Provincial de Granada la denuncia elaborada por la asesoría laboral del sindicato y en la que se acusa a CLECE S.A. ( empresa adjudicataria del servicio de limpieza del Complejo Sanitario Virgen de las Nieves) por la reiterada inaplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, por crear un riesgo grave para la integridad física y la salud de los trabajadores afectados y por ignorar y desobedecer reiteradamente los mandatos imperativos de. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la propia Inspección de Trabajo de Granada.

En la denuncia, presentada a requerimiento del Sector de Limpieza y de los representantes de los trabajadores del Sat y en el comité de empresa de la Ciudad Sanitaria, se aprecian numerosos delitos de índole penal y se demanda de la Fiscalía Provincial que actúe en aras de conseguir la tutela jurídico-penal de la vida y la salud de los trabajadores que se confía, específicamente, en el Código Penal en sus artículos 316 y 317, a los que deben añadirse los artículos 142 y 152 del mismo Código, que penalizan el hecho de propiciar por imprudencia grave de muerte y lesiones. El Sindicato Andaluz también observa en su denuncia el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo que está contemplado dentro del Título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. La conducta perseguida por este delito viene recogida en el artículo 316 del Código Penal de la siguiente manera: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

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Estos y otros extremos expresados en la denuncia hoy registrada, se manifiestan de manera reiterada en actuaciones por parte de la empresa CLECE SA que, desde el año 2014 viene negándose a realizar las labores de su competencia de limpiar y desinfectar la ropa de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, negativa que a raíz del desencadenamiento de la epidemia de

COVID -19 adquiere una dramática actualidad poniendo en grave riesgo a los trabajadores de limpieza, al resto de trabajadores y a usuarios y familiares del Hospital.

En la misma denuncia se piden responsabilidades penales que competieran a los directivos y gerentes (SAS) del Servicio Andaluz de Salud Hospital en tanto en cuanto que la seguridad e higiene en el trabajo tienen el rango de principios rectores de la política social y económica y, por tanto, se obliga a los poderes públicos a velar por ellas (art. 40.2 de la Constitución Española -CE-).

 

SAT Granada.

Sector de Limpieza y secretaría de prensa e información.

( + Info: 661408703 . Manuel de la Blanca)

EL SAT DENUNCIA UN GRAVE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL POR PARTE DE CLECE. S.A. EN LA CIUDAD SANITARIA VIRGEN DE LAS NIEVES.

EL SAT DENUNCIA UN GRAVE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL POR PARTE DE CLECE. S.A. EN LA CIUDAD SANITARIA VIRGEN DE LAS NIEVES.

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La sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en CLECE S.A. y sus representantes en el comité de empresa, denuncian un gravísimo incumplimiento por parte de la empresa en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves de Granada, incumplimiento que se basa en una clara discriminación por género dentro de la empresa.

CLECE S.A., empresa adjudicataria del servicio de limpieza en la Ciudad Sanitaria, lleva años discriminando a las trabajadoras al no proceder al lavado y desinfección de las ropas de trabajo de las mismas, lo que constituye una clara discriminación de género y una vulneración muy grave en materia de seguridad e higiene que pone en peligro a todos los trabajadores del centro, a los usuarios y los ciudadanos en general.

La ropa de trabajo de dependencias hospitalarias, debe ser limpiada correctamente y desinfectada por parte de la empresa que se ocupa del servicio, como ya destacó la Inspección de Trabajo de Granada en acción inspectora (OS 18/0006710/12,) y que fue objeto de acta de infracción y sanción por parte del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, el cual ordenó y aportó instrucciones para los trabajadores encargados de la eliminación de residuos y obligó a al empresa a que revisara los protocolos de trabajo relativos al tema que nos ocupa. En esa misma actuación, se obligó a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza a que lavara la ropa del personal (hombres y mujeres) encargados de la eliminación de residuos e ir implantándola paulatinamente para todo el personal de limpieza de la Ciudad Sanitaria.

En contra de la opinión y mandato explícito de la Inspección de Trabajo, CLECE S.A. se niega a lavar la ropa de las mujeres trabajadoras del centro (un 97% del personal total) y sólo lava la de los hombres, obligando a las trabajadoras que tratan con productos y residuos contaminantes a que trasladen sus uniformes en transportes públicos por toda Granada y su área metropolitana.

Desde la sección sindical del SAT ya se han efectuado las oportunas denuncias en las que se pone en evidencia el reiterado incumplimiento de CLECE SA en materia de seguridad e higiene y de discriminación de género. Por parte del sindicato andaluz, se está llevando a cabo una campaña de concienciación entre las trabajadoras para que exijan a CLECE que cumpla con la legalidad y para que toda la ropa de los diversos centros hospitalarios que conforman la ciudad sanitaria no circule libremente y sin ningún control, fuera de los centros de trabajo

Granada, 4 de marzo del 2020.

Tu voto para el SAT en las elecciones de CLECE (Virgen de las Nieves).

Tu voto para el SAT en las elecciones de CLECE (Virgen de las Nieves).

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Los próximos viernes 4 y sábado 5 de octubre (entre las 8’00 y las 17’00 horas) se celebrarán las elecciones sindicales entre el personal de limpieza de CLECE en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves.

Ante la atonía y el oscurantismo en el que ha venido actuando el anterior Comité de Empresa, desde el SAT aportamos una candidatura llena de ilusión para obtener un cambio necesario entre quienes representan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

  • Queremos impulsar las decisiones desde la base, mediante asambleas en las que decidamos todas y todos.
  • Estamos empeñadas en la defensa de nuestros puestos de trabajo con toda la dignidad y el respeto que merecemos.
  • – En el SAT no tenemos compromisos ni ataduras con la empresa y otros organismos, por lo que te aseguramos que seremos tus oídos y tus ojos en el Comité, llevando la voz y las reivindicaciones que todas/os necesitamos.
  • ¡Con tu voto ganaremos el presente y construiremos nuestro futuro!

Así que ya sabes…en las elecciones del viernes y sábado, VOTA SAT.

SAT Granada.

Sanidad Pública: Las listas de la desesperación.

Sanidad Pública: Las listas de la desesperación.

Esperar hasta desesperar. Esta es la consigna que debe seguir todo aquel que
toca la puerta de la consulta de cualquier especialidad de la sanidad pública. A pesar de
que estamos en un estado de bienestar, o eso es lo que nos dicen, las largas listas de
espera están clamando a gritos que nuestro sistema sanitario es el primer enfermo que
hay. Y como el resto de pacientes, está a la espera de que lo atiendan.
Además del exceso en los tiempos de espera, hay otros síntomas que indican una
mala salud, como pueden ser la falta de transparencia y el patrimonialismo. Y todo esto
nos lleva a un sistema moribundo, que se adolece de una manipulación como la que
George Orwell esbozó en su novela distópica 1984. Como si hubiéramos caído entre las
páginas del libro de Orwell, existe en la Administración un Gran Hermano (insistimos,
hablamos del universo orwelliano, no del cuestionable programa de Telecinco) que
vigila por que se cumpla una de esas máximas del partido dominante:
«La ignorancia es la fuerza».
De esta forma, la insistencia de los poderes públicos por mantenernos en la
oscuridad no puede más que responder al deseo de evitar conflictos. Porque allí donde
la ignorancia es la fuerza (la fuerza de los que están arriba y tiran de los hilos), el
conocimiento es poder (poder de los que estamos abajo, de los que sufrimos los tirones
de los hilos)… poder de acción, poder de denuncia y poder de rebelión ante la violación
de nuestro derecho a la protección de la salud, que recoge el artículo 43 de la
Constitución.
Y es que, día tras día, se incumplen los plazos de garantía de las diferentes
prestaciones sanitarias a través de un oscurantismo en la información que da pie a la
manipulación de los datos y a la existencia de dos listas de espera: la oficial, usada de
cara a la galería, y la real, que se guarda en un cajón, a la espera de que los nombres que
contiene puedan pasar, en un plazo de tiempo indeterminado, a la oficial. Es como si
tuviéramos infiltrados en nuestro sistema sanitario a varios Winston Smith, ese gris
protagonista del 1984 de Orwell que se dedicaba a reescribir la historia para adaptarla al
discurso del todopoderoso Gran Hermano. Y así, los Winston Smith del aquí y del ahora
mandan la lista real a un limbo, una zona muerta, donde la dejarán hasta que la lista
bonita, la oficial, la que parece cumplir los plazos, sea capaz de incluir alguno de esos
nombres de la otra lista, la lista de la vergüenza, la del limbo, la que demuestra que el
sistema no funciona.
Quizá sería mejor pensar que estamos en mundos paralelos. Que, como le pasara
al personaje de Bill Connor en la película ochentera En los límites de la realidad, al
abrir la puerta, no del bar, como en su caso, sino de cualquier centro hospitalario de
nuestra comunidad, entramos en otra dimensión. Y esta nueva dimensión es esa
Andalucía distópica, de terror, donde estamos enfermos y nuestro nombre no figura en
la lista oficial, sino en una segunda lista que se oculta, y donde el tiempo en el que nos
atenderán es una incógnita existencial más de las tantas que hay.
Como decimos, mejor pensar que estamos en mundos paralelos. Porque esta
manipulación de las listas supone una especie de prevaricación sanitaria ante la cual los
actores sociales, las asociaciones de pacientes y los medios de comunicación no pueden
y no deben permanecer impávidos.

Lista de espera

Pero no solo debemos alarmarnos por esta manipulación de los datos y la mala
gestión y organización del sistema sanitario, sino también por el patrimonialismo
reinante. Existe en nuestra sanidad una mala praxis por la que se trata con preferencia a
algunas personas, como pueden ser los propios trabajadores sanitarios, sus familiares y
amigos, además de otras personas con influencia que se saltan a la torera las esperas y
ralentizan los procesos. Esto provoca una inequidad en el acceso a los servicios de salud
y la marginación de ciertos sectores de la sociedad, lo que favorece, a su vez, el
aumento de las pólizas de seguro privado y la competencia desleal de la medicina
privada.
Con el fin de paliar esta problemática, se han propuesto medidas como las
peonadas o las derivaciones de los pacientes a otros centros hospitalarios. Sin embargo,
estas soluciones son solo remiendos que, con el tiempo, van agravando un problema que
llegó a finales del año pasado hasta el Congreso. La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció que promovería un plan para reducir
las esperas y, en lo que llevamos de año, Aquilino Alonso, ex-consejero andaluz de
Salud, ha asegurado que hay una comisión de profesionales que trabaja para mejorar la
gestión y eficiencia del sistema sanitario. Palabras, sin duda, para regalarnos los oídos,
pero que, insistimos, no se aplican a nuestra realidad donde, por ejemplo, los pacientes
que deben seguir los tratamientos de inyecciones intravítreas se enfrentan a unos meses
de verano de quirófanos cerrados, hospitales sin salas limpias y reducciones de las
plantillas.
Por suerte, la sociedad civil está concienciándose de que debe luchar por
conquistar la transparencia en el sistema sanitario. Así, los poderes públicos están
sometidos, cada vez más, a un control más eficaz por parte de unos actores sociales más
escépticos, menos ingenuos, mejor informados y más motivados.
La sociedad en general y los pacientes en particular disponen, además, de un
creciente número de recursos para depurar responsabilidades gubernativas y entre ellos,
de forma destacada, el poder judicial supone un instrumento de creciente eficacia a la
hora de velar por la corrección jurídica de todas las actuaciones administrativas y evitar
esas arbitrariedades y oscurantismos paralegales que suponen una merma para una
sanidad pública que debe ser eficaz, justa e igualitaria.
Porque somos muchos los que sabemos que nuestra sanidad ha entrado en un
coma profundo y podemos oír ya el pitido largo de la máquina de las constantes vitales.
En una situación tan grave, la ciudadanía no debe esperar hasta la desesperación, sino
que debe exigir soluciones efectivas que acaben con la corrupción del sistema y que se
deje de jugar, no solo con nuestros derechos, sino también con nuestra propia salud.
Esperemos, de todos modos, que esta no sea una situación con la que nos
levantemos cada mañana, al igual que hiciera Bill Murray en Atrapado en el tiempo con
la canción de su radiodespertador I Got You, Babe. A ver si se rompe el maldito bucle y
volvemos a una Andalucía donde haya solo una lista de espera que, además, sea
verdadera, sin trampa ni cartón.

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y Digna.

Granada